El gobierno del Ecuador impuso hoy en el cargo al primer defensor del pueblo en la historia de este país andino, lo que fue considerado por especialistas y organizaciones humanitarias como un importante avance en la defensa de los derechos humanos.
El abogado laboralista César Trujillo será el defensor del pueblo hasta el año 2001. Su designación se realizó el 29 de abril y contó con el respaldo de todos los bloques parlamentarios.
Existen muchos vacíos legales que podrían obstaculizar las funciones del defensor del pueblo, comentó a IPS Hugo Venegas, consultor del Centro de Estudios y Atención Integral a Víctimas de la Violencia.
Según Venegas, "se creó la Defensoría a nivel constitucional, pero no existe un reglamento que especifique sus funciones y su papel se limitará a emitir recomendaciones a las autoridades judiciales".
Sin embargo, "creo que si la Defensoría logra mantener independencia frente a los organismos del Estado será muy importante su voz", que estará respaldada por todos los sectores involucrados en la defensa de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, arguyó Venegas.
Para Trujillo, lo más importante es que la Defensoría ya se encuentra contemplada dentro de la legislación ecuatoriana.
"La elaboración de un reglamento será mi primera tarea", afirmó, pero reconoció que existen ciertas deficiencias en la ley, que podrían impedir que sus observaciones sean acatadas.
"Hay otros mecanismos para que el defensor del pueblo haga valer sus decisiones. Existen procedimientos internacionales y organismos de gran importancia, que pueden ejercer presión para que se respeten los derechos", dijo Trujillo.
Según la ley recientemente aprobada, la Defensoría tendrá jurisdicción nacional, por lo que Trujillo tendrá que designar comisionados en las 21 provincias del país. Asimismo, contará con autonomía económica, administrativa y funcional.
El defensor del pueblo podrá promover o patrocinar los recursos de Hábeas Corpus, Hábeas Data y de Amparo, de las personas que así lo requieran y corresponderá defender de oficio o a petición de las partes, en los casos donde estén afectados los derechos fundamentales de un individuo o colectividad.
Según Alexis Ponce, vocero de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, la existencia de una Defensoría del Pueblo "ha sido una de las grandes demandas de todos los activistas y organizaciones por los derechos humanos del país".
El gobierno propuso a principios de abril la creación de una entidad adjunta al Ministerio de Gobierno (interior) que recibiera y tramitara las denuncias de violación de los derechos humanos, "pero por su propia naturaleza la propuesta era inviable", según Ponce.
"La Policía está a cargo del Ministerio de Gobierno y gran parte de las denuncias de los ecuatorianos son por abuso de autoridad de las fuerzas del orden, es decir, se pretendía ser juez y parte", apuntó el activista.
El problema de la injerencia política en la Defensoría del Pueblo "será siempre el punto más crítico", según Venegas, quien afirmó que los países latinoamericanos que han experimentado con un defensor "obtienen resultados sorprendentes en los primeros dos años", como fue el caso de Costa Rica.
Sin embargo, "luego de la novedad que representa un defensor del pueblo, viene un proceso de burocratización y de politización que neutraliza el trabajo de este organismo de justicia", concluyó Venegas. (FIN/IPS/mg/ag/ip-hd/97
