Jueces y organizaciones defensoras de los derechos humanos de España rechazaron la supresión del derecho de asilo en Europa, propuesta por el gobierno de este país.
El gobierno del centroderechista José María Aznar propuso esa medida el martes 29 a la Comisión Europea, organismo ejecutivo de la Unión Europea (UE), bajo el argumento de que en los estados democráticos es innecesario.
En el fondo del planteamiento está la demanda española de que los miembros de la organización separatista vasca ETA no puedan refugiarse en otros países europeos.
"Repudiamos el terrorismo de ETA, pero con igual firmeza rechazamos la anulación del derecho de asilo", dijo en rueda de prensa el representante de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Juan José Rodríguez Ugarte.
Si la iniciativa española prosperase en la UE, sus efectos "podrían acabar con el derecho de asilo en el mundo", afirmó la vicepresidenta de Amnistía Internacional España, Beth Gelb.
La primera propuesta del ejecutivo español fue eliminar lisa y llanamente el derecho de asilo en la UE para los nacionales de sus países miembros. Ante las críticas recibidas y la falta de apoyo en el resto de los gobiernos europeos, Aznar modificó su propuesta inicial.
En la moción modificada se establece que se mantendrá el derecho cuando el estado de la nacionalidad del solicitante haya suspendido en su territorio el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales.
También cuando contra el estado del solicitante se haya iniciado un procedimiento por violación de los principios en los que se basa la UE. Asimismo, cuando lo decida el Consejo Europeo, o cuando un estado miembro lo decida en relación a otro.
Javier González, secretario de la asociación Jueces para la Democracia, subraya que en la propuesta del ejecutivo español "ni siquiera se alude a la posibilidad de que en ese trámite sea oído el solicitante de asilo".
Las tres organizaciones señalaron que dado que no existe una ciudadanía europea, los estados miembros no pueden utilizar su pertenencia a la UE para eludir las obligaciones a las que están sujetos conforme a la legislación internacional sobre Derechos Humanos.
Además, señalan que en la propuesta española no se garantiza que el solicitante sea oído y que "es poco probable que una persona pueda conseguir el asilo convenciendo a una mayoría de estados miembros de que es perseguido en su país, máxime cuando éste tiene voz y voto" en el organismo que debería decidir.
Por último, las tres organizaciones puntualizaron que "entienden la necesidad de combatir el terrorismo, pero consideran que esa lucha se debe hacer de acuerdo con la legislación internacional sobre Derechos Humanos".
Y, afirman, "suprimir o restringir el derecho de asilo sería una victoria de los violentos y un fracaso de la democracia". (FIN/IPS/td/ag/ip-hd/97
