La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) urgió esta semana al presidente de Colombia, Ernesto Samper, a abrir inmediatamente una investigación sobre la reciente desaparición de un sindicalista de ese país.
Los temores de la CIOSL, con sede en Bruselas, sobre la suerte de Ramón Osorio Beltrán, uno de los líderes de la federación de sindicatos de trabajadores agrarios (Fensuagro), se basan en parte en el asesinato el mes pasado del secretario general de esa federación, Victor Julio Garzón.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional sostiene que el sindicalista no ha sido visto desde el 15 de abril, cuando fue secuestrado por hombres armados en un distrito de Medellín.
Unos 2.000 sindicalistas fueron asesinados en Colombia en la última década, según denunció esta semana el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Luis Garzón.
"En los últimos años, se ampliaron y sistematizaron en Colombia las violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias y 'desapariciones"', declaró Amnistía.
Ramón Osorio también es líder de Sintrainagro, una organización nacional de trabajadores agrarios que parece ser el objetivo favorito de los grupos armados que luchan entre sí en el departamento de Urabá, donde el sindicato es muy activo.
Quince miembros del sindicato fueron asesinados entre septiembre y octubre, y otros sindicalistas detenidos junto con Osorio y luego liberados también están en peligro, según la CIOSL.
Ramón Osorio y otros cuatro miembros de Sintrainagro, el Partido Comunista Colombiano y la Asociación Nacional para la Asistencia Social fueron detenidos el pasado enero bajo acusación de integrar grupos guerrilleros, dice Amnistía en su informe.
Los detenidos fueron liberados en febrero por orden de la Fiscalía General de la Nación, pero posteriormente el comandante de la Brigada 17 atribuyó a Osorio y a varios activistas de los derechos humanos un atentado con bomba en el departamento de Antioquía, en el noroeste del país.
"Muchas personas tachadas de subversivas, que fueron detenidas y posteriormente liberadas, se han transformado en víctimas de violaciones a los derechos humanos por las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares", aseguró Amnistía.
"Pese a las reiteradas promesas de Samper de proteger los derechos humanos y juzgar a sus violadores, miembros del ejército colombiano continúan cometiendo graves abusos con virtual impunidad", agregó la organización.
Un informe publicado el pasado lunes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la Organización de Estados Americanos, sostiene que los grupos paramilitares están "protegidos por un manto de impunidad y apoyados por miembros de las fuerzas armadas".
El documento también denuncia el caso de Josué Giraldo, un activista de los derechos humanos del departamento de Meta, quien fue asesinado el año pasado pese a que la Comisión había advertido que necesitaba protección.
Además de los paramilitares de derecha y las guerrillas de izquierda, que se acusan entre sí de vinculación con el narcotráfico, existen en Colombia "cooperativas de vigilancia y autodefensa" que participan de los enfrentamientos.
Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y organizaciones no gubernamentales colombianas, unas 180.000 personas debieron huir de sus hogares en 1996 debido a los combates, lo cual sitúa el número de colombianos desplazados en casi un millón.
El Comité Internacional para los Derechos Civiles y Políticos, con sede en Nueva York, cree que estos grupos armados de "vigilantes", bajo examen de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, son responsables de la mitad de todos los asesinatos de motivación política ocurridos en Colombia.
Un promedio de tres personas por día fueron víctimas de asesinatos políticos en los primeros seis meses de 1996, según la organización Human Rights Watch.
"Las pruebas disponibles revelan que la impunidad continúa vigente para los soldados que cometen violaciones a los derechos humanos", declaró el grupo.
"En 1996, el ejército continuaba promoviendo a los paramilitares y usándolos para asesinar a colombianos sospechosos de integrar grupos guerrilleros", afirmó.
Por su parte, "las guerrillas cometieron asesinatos políticos, secuestros, plantaron minas antipersonales y atacaron objetivos civiles", agregó Human Rights Watch. (FIN/IPS/tra-en/ns/ml/hd/97
