Colombia afronta una delicada situación en materia de derechos humanos debido a la impunidad de grupos paramilitares de derecha y la creciente actividad de la guerrilla, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH).
En su informe de 1996, que será presentado en junio a la asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA), la CIDH señala atribuye a grupos paramilitares de derecha cerca de la mitad de los asesinatos por razones políticas que se cometen en el país se debe a los grupos paramilitares.
Estos grupos, asegura, son "protegidos por un velo de impunidad y apoyados por miembros de las Fuerzas Armadas".
La afirmación coincide con informes de Amnistía Internacional y Human Rigths Watch/Américas que pidieron a fines de 1996 al Congreso de Estados Unidos que suspendiera la ayuda militar a Colombia por el apoyo que miembros del ejército dan a las "redes de asesinos" paramilitares.
No obstante, el informe reconoce "la intención expresada por el Estado de combatir estas agrupaciones" irregulares mediante el ofrecimiento de recompensas a quienes informen sobre el paradero de sus cabecillas.
La CIDH acusó a la guerrilla de actos de violencia que incluyen secuestros con fines económicos, el uso indiscriminado de minas terrestres y ejecuciones extrajudiciales, y abusos contra la población civil.
Si bien laCIDH no tiene competencia sobre aquellos casos que no impliquen la responsabilidad del Estado, condenó los abusos cometidos por estos grupos insurgentes.
La Comisión llama también la atención sobre el fenómeno del desplazamiento forzozo que durante 1996 presentó 181.010 víctimas, más del doble de las registradas en 1995.
Según Jorge Rojas, coordinador de la no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), los causantes del mayor número de casos el año pasado fueron los grupos paramilitares (33 por ciento), la guerrilla (26 por ciento) y las fuerzas militares (14 por ciento).
El informe de la CIDH cita cifras de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos de Colombia, según la cual en el período 1985-1996 se produjo el desplazamiento de 650.000 personas.
Pero Codhes indica que ascienden a 950.000 los desplazados forzozos, lo que significa que cada hora cuatro familias tienen que abandonar sus hogares a causa de la violencia.
La CIDH, en base a informes de organizaciones no gubernamentales que señalan que el 52 por ciento de la población desplazada vive en condiciones infrahumanas, sugiere la creación y aplicación de "un programa efectivo dirigido a la protección y asistencia" de estas personas.
Otro de los puntos críticos al que se refiere el informe es el de la situación de los defensores de los derechos humanos, que son perseguidos por los grupos paramilitares.
En el informe se presenta el caso de Josué Giraldo, un activista de derechos humanos del oriental departamento de Meta que fue asesinado el año pasado, pese a que la CIDH había advertido al gobierno sobre la necesidad de brindarle protección.
La CIDH sugiere que en los casos en que exista peligro para las personas que trabajan en la defensa de los derechos humanos o hayan sido amenazadas por miembros de las Fuerzas Armadas, debería intervenir el presidente.
En el informe se hace también un llamado al gobierno para que incluya en la reforma al Código Penal Militar aclaraciones sobre lo que debe y no debe ser considerado como acto propio del servicio militar.
La sugerencia está relacionada con decisiones del Tribunal Superior de la Judicatura que trasladó a la justicia militar las investigaciones que involucran a altos oficiales en casos de violación de los derechos humanos.
El gobierno de Colombia afirmó que si bien no comparte algunas "de las apreciaciones de fondo contenidas en el informe", espera una mayor comprensión "en el tratamiento de la situación" y agradece el reconocimiento de que "el Estado no es responsable de todos los perjuicios causados a sus ciudadanos".
Para Gustavo Gallón, presidente de la Comisión Andina de Juristas, capítulo de Colombia, el informe "confirma que la situación de los derechos humanos es muy grave".
El gobierno debe ser buscar mecanismoa para reducir la violencia y "el altísimo nivel de impunidad" que existe en Colombia, país de 36 millones de habitantes que registra cerca de 30.000 asesinatos al año, afirmó Gallón. (FIN/IPS/yf/ag/hd/97
