El gobierno de Colombia aceptó ante el de Estados Unidos su responsabilidad "por acción u omisión" en la existencia de grupos paramilitares de derecha, que multiplicaron sus actividades en el último año.
En un documento en el que responde al informe publicado en marzo por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el gobierno de Colombia admitió que los espacios libres debido a la falta de acción del Estado para enfrentar la guerrilla en el campo "son copados con frecuencia por paramilitares".
El fenómeno de los grupos paramilitares surge como una respuesta ilegal y "con frecuencia salvaje" de diversos sectores sociales contra la guerrilla, pese a que no es una política de Estado la de armar y organizar a la población civil contra la subversión, señaló el gobierno colombiano.
No obstante, desde 1995 fueron autorizadas por el gobierno las llamadas Cooperativas de Seguridad y Vigilancia (Convivir), que cuentan con unos 12.000 hombres armados y realizan labores de apoyo a los organismos de seguridad en vigilancia y comunicaciones.
La existencia de las Convivir ha sido criticada por organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, que las vinculan con los grupos paramilitares.
En el informe, el gobierno del presidente Ernesto Samper indica que los paramilitares reciben apoyo de víctimas de la guerrilla como hacendados, ganaderos y campesinos.
También se cita como fuente de financiación de los grupos paramilitares a los narcotraficantes, que al comprar grandes extensiones de tierra comenzaron a ser víctimas de secuestro y la extorsión de los grupos guerrilleros.
Según el informe, el 66 por ciento de los municipios donde hay paramilitares son también municipios en los que los narcotraficantes han adquirido tierras.
Los grupos paramilitares fueron creados por el gobierno a comienzos de la década del 80 para enfrentar a la guerrilla. En 1989 fueron ilegalizados por sus vínculos con el narcotráfico y por sus asesinatos a líderes de izquierda y activistas sociales a los que acusaban de auxiliar a la guerrilla.
El documento gubernamental coincide con el informe estadounidense, en el que se indica que la participación de estos grupos ilegales "ha venido creciendo en forma notoria".
Según el informe colombiano, en 1993 se señalaba a estos grupos como autores de 17,91 por ciento de los hechos de violencia, que que aumentó a 35,33 por ciento en 1994 y a 46,03 por ciento en 1995.
El informe estadounidense indica que en 1996 los grupos paramilitares fueron autores del 48 por ciento de los hechos violentos y la guerrilla del 38 por ciento.
El informe colombiano no se refiere a la crítica que hizo Estados Unidos sobre los vínculos de los grupos paramilitares con miembros de las Fuerzas Armadas.
El coordinador de la Oficina de Control de Narcóticos de Estados Unidos, Barry McCaffrey, anunció este jueves ante el Congreso que no entregará la ayuda militar prometida para la lucha contra el narcotráfico si las Fuerzas Armadas de Colombia no garantizan el respeto de los derechos humanos.
En diciembre, Amnistía Internacional y Human Rigths Watch/Americas habían pedido al congreso estadounidense que suspendiera la ayuda militar a las Fuerzas Armadas colombianas por los vínculos de algunos de sus miembros con las "redes de asesinos" integradas por estos grupos paramilitares.
El gobierno estadounidense tenía previsto enviar a Colombia más de 200 millones en asistencia militar destinada oficialmente a la lucha contra el narcotráfico. (FIN/IPS/yf/ag/ip-hd/97
