La polémica suscitada sobre los contratos que rigen las tarjetas de crédito de varias multitiendas ha servido no sólo para alertar a los consumidores sobre sus cláusulas abusivas, sino también para impulsar modificaciones en los contratos de bancos y financieras.
El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), dependiente del Ministerio de Economía, informó a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras los dictámenes jurídicos que elaboró respecto de los contratos de tarjetas de crédito de casas comerciales.
Su objetivo es que éstos sean considerados en los contratos análogos de bancos y financieras ante la entrada en vigor de la Ley de Derechos del Consumidor el próximo 5 de junio.
El Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, José Guzmán, dijo a la prensa que los abogados de la institución estudian una serie de cambios que se introducirán a los contratos de tarjetas de crédito antes de esa fecha.
El 6 de mayo el Director del SERNAC, Francisco Fernández, en conjunto con el Subsecretario de Economía, Oscar Landarretche, denunciaron en conferencia de prensa a la multitienda Almacenes Paris por llamar a sus clientes a firmar un nuevo contrato para acceder a tarjetas y líneas de crédito que contiene cláusulas abusivas y contradictorias con la nueva legislación.
Estas cláusulas incluyen aceptar de antemano el pago de obligaciones cuyo método de cálculo no se informa en el contrato mismo y estipulan que la deuda es "heredada" por la familia si muere el titular de la tarjeta de crédito.
Fernández cuestionó una cláusula que confiere "poder irrevocable" a una tercera entidad, la Administradora de Servicios Integrales, habilitada para "llenar, a nombre del consumidor, pagarés por los saldos del estado de cuenta o incluso reconocer deudas".
A lo anterior, se suma la "diminuta tipografía en la que está impreso el texto del contrato", lo cual puede llevar a malas interpretaciones, agregó en su denuncia.
Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (ODECU) -que promovió todo el debate al denunciar al SERNAC la modificación unilateral de los contratos por Almacenes Paris- invitó a los clientes de las multitiendas que se sientan afectados a inscribirse en la sede de ODECU para presentar una demanda colectiva que los desvincule de esa empresa.
Previamente a su denuncia pública, el SERNAC sostuvo conversaciones durante dos semanas con Almacenes Paris pero no se obtuvo una respuesta satisfactoria para los consumidores.
En los días siguientes, la denuncia se amplió a otras tres multitiendas: Ripley, Hites y Falabella, causando una fuerte reacción de la Cámara de Comercio que acusó de "parcialidad" al SERNAC porque, en su opinión, los contratos de tarjetas de crédito de bancos y financieras contienen el mismo tipo de cláusulas objetadas por ese organismo a las casas comerciales.
Esto último lo fundamentó el 18 de mayo pasado, al dar a conocer una encuesta al respecto y que revelaría que la mayor parte de los contratos de tarjetas de crédito que deben suscribir los clientes de 13 instituciones financieras no cumplen con las exigencias del SERNAC a las multitiendas ni, por lo tanto, con la legislación que regirá a partir del 5 de junio.
Lo que ocurre, según el Superintendente de Bancos, "es que antes no existía ninguna disposición general como la que se ha promulgado", y su utilidad consistirá en el establecimiento de "criterios sobre materias de defensa muy importantes para la gente que no tiene un equilibrio de poder con las instituciones".
La decisión de modificar los contratos de tarjetas de crédito de bancos y financieras implica que éstos deberán especificar las tasas de interés y los gatos de cobranza y que perderán la atribución que tienen hasta hoy de errar unilateralmente una cuenta o cambiar los contratos.
En cuanto a las multitiendas acusadas de ignorar el contenido de la nueva ley, indicaron el 12 de mayo que no cambiarán sus contratos ante el pedido de anulación planteado en una reunión multipartita, en la que, además del SERNAC y la Cámara de Comercio, participó Eugenio Tuma, presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. (FIN/Consumers International-IPS/97
