Un nuevo choque diplomático entre Cuba y España a raíz de la invitación a una reunión parlamentaria parece demostrar que aunque los negocios marchen bien, en política los dos países siguen caminos cada vez más alejados.
El episodio se sumó este martes a la lista de incomprensiones, crisis diplomáticas, suspensiones de créditos y ataques personales que han marcado las relaciones bilaterales desde la asunción de José María Aznar a la jefatura del gobierno español hace un año.
El Parlamento español, organizador de la VIII Conferencia de Presidentes de Parlamentos Democráticos Iberoamericanos, que se realizará en Madrid el 29 y 30 de este mes, invitó al parlamento cubano a participar como observador, sin darle la categoría de miembro pleno.
La movida española provocó una airada protesta del gobierno de La Habana. Ricardo Alarcón, presidente del parlamento cubano, rechazó la invitación.
En una carta dirigida a los presidentes del Congreso de Diputados y del Senado de España, Alarcón advirtió que la condición de Cuba de "nación lationoamericana e iberoamericana no la puede ignorar o menoscabar nadie".
Cuba es miembro fundador de la Comunidad Iberoamericana de naciones y asistió como miembro pleno a otras conferencias de este tipo como las de Uruguay (1987), Bolivia (1988) y Portugal (1991).
Fuentes parlamentarias en Madrid recordaron que La Habana tampoco fue invitada a la conferencia que se celebró en 1986 en esa ciudad, lo cual ya en aquella época condujo a un incidente diplomático.
"En la conferencia de Sucre, en 1988, se elaboraron las normas funcionales de estas reuniones para que ningún país sede se arrogara el derecho de decidir quién participa o no", dijo Lázaro Barredo, de la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento cubano.
El parlamentario calificó la decisión de excluir a Cuba como "una bofetada a la comunidad latinoamericana, al arrogarse España la potestad de decidir quién es democrático o no".
"Hoy se nos excluye a nosotros y mañana puede ser cualquier país de nuestra América", dijo Barredo, y aseguró que con su decisión el país europeo está creando "un peligroso precedente".
Analistas locales opinaron que España está utilizando su condición de país sede para intentar aislar a Cuba de la comunidad iberoamericana como parte de las presiones para lograr cambios en el sistema político cubano.
Madrid logró el pasado año una posición común de los miembros de la Unión Europea para ejercer presiones políticas y diplomáticas sobre La Habana que conduzcan al establecimiento de una democracia representativa en la isla.
Eduardo Menen, presidente del Senado argentino, que realiza una visita oficial a La Habana, dijo que la decisión española es "injusta" y "discriminatoria" y manifestó que Cuba debe participar en esas reuniones en igualdad de condiciones con los otros países latinoamericanos.
Sin embargo, un comunicado del Congreso de Diputados de España aseguró que se hizo un gran esfuerzo para encontrar una fórmula que permitiera la participación cubana pues "el estatuto de observador no limita ni merma en ningún caso su capacidad de actuación".
Las discrepancias entre los dos países tuvieron su punto más alto en noviembre pasado cuando el gobierno cubano retiró el placet al nuevo embajador de España, José Coderch, por entender que había hecho declaraciones no acordes con sus funciones de diplomático.
La embajada de España en Cuba sigue vacía y, aunque los rumores sobre designaciones no cesan, fuentes diplomáticas aseguran que por el momento no se vislumbra la posibilidad de nombramiento de un nuevo embajador.
Otra crisis diplomática pareció estallar en marzo cuando en una entrevista televisiva el canciller español Abel Matutes acusó a Cuba de no conceder protección a los extranjeros que llegan a la isla.
La acusación, a raíz de un accidente de tránsito en el que estuvo implicado un ciudadano español, fue fuertemente rechazada por su homólogo cubano, Roberto Robaina, pero el ataque se limitó expresamente al plano personal.
En el terreno de las acciones prácticas el gobierno de Aznar canceló en enero una línea de crédito de 15 millones de dólares, concedida a la isla en 1995 para comprar en España bienes industriales, fundamentalmente para la industria azucarera.
Matutes anunció en mayo del pasado año la intención de su gobierno de suspender todo crédito blando a la isla y limitar la cooperación con Cuba a la ayuda humanitaria, para sanidad y educación.
Mientras los proyectos de cooperación gobierno-gobierno variarían, el comercio entre los dos países y las inversiones de españoles en la isla se mantendrían, por cuanto "ese es un tema entre particulares", agregó.
España rompió varios compromisos firmados durante el mandato del socialista Felipe González al cerrar los fondos de cooperación, frenar la apertura de una agregaduría militar y cancelar un crédito del grupo bancario Argentaria.
Pero, al mismo tiempo, se convirtió en el segundo socio comercial de la isla al registrar el pasado año un intercambio bilateral de 566 millones de dólares, sólo superado por Rusia.
En 1992 Madrid era el sexto socio de La Habana con un comercio de 200 millones de dólares de intercambio bilateral.
Fuentes oficiales cubanas aseguran que más de 120 compañías tienen representación en Cuba y que el capital hispano está presente en unas 50 de las más de 260 asociaciones económicas existentes en la isla.
Un grupo de 12 industriales llegaron de Barcelona en abril, dialogaron con 85 empresas cubanas, concretaron varios acuerdos y negocios y dejaron abierto el camino para un mayor intercambio entre la isla y los 1.600 socios de la Asociación de Empresarios de Llobregat Anoia.
"Las distintas manifestaciones de funcionarios españoles hacia Cuba hacen prever motivaciones políticas en las últimas decisiones tomadas por España en relación con nuestro país", dijo en enero el ministro cubano de Comercio Exterior, Ricardo Cabrisas.
Como norma los empresarios españoles en la isla mantienen silencio sobre las contradicciones políticas entre La Habana y Madrid y se concentran en defender sus intereses económicos, con la vieja fórmula de que "negocios son negocios".
Sin embargo, expertos locales estiman que un proceso no puede ir totalmente separado del otro y que, por mucha voluntad que exista, la política del gobierno del presidente Aznar hacia Cuba puede terminar afectando los intereses españoles en la isla. (FIN/IPS/da/jc/ip-if/97
