El gobierno de Ecuador promulgó con rapidez una ley de emergencia para salvar el ambiente del archipiélago de Galápagos, que frenó la urbanización y colonización de la provincia número 21 del país.
La norma fue interpretada por especialistas como destinada a satisfacer a una misión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que llegó esta semana a Quito para evaluar la implementación de medidas recomendadas en julio de 1996 para proteger a las llamadas "islas encantadas".
En estos territorios, declarados en 1979 patrimonio natural de la humanidad, debe controlarse las actividades turísticas, la introducción de especies ajenas al ecosistema y el flujo de migrantes.
Muchas familias han decidido radicarse en la provincia de Galápagos, a 1.000 kilómetros del continente, en procura de mejores condiciones de vida.
Las organizaciones de colonos reclaman mayores servicios básicos, como redes de agua potable, electrificación y alcantarillado, y se han opuesto a que se establezca un régimen especial para la preservación de la zona, según Cayot.
"No existe pretexto alguno. Se tuvo un año para reaccionar y a solo unos días de recibir a la misión de Naciones Unidas el gobierno resuelve tomar cartas en el asunto de forma desesperada", dijo a IPS el biólogo Fernando Ortiz, ex director del Instituto Nacional Galápagos.
Si las medidas de control reclamadas no son implementadas, la comisión de patrimonios de la UNESCO podría declarar a las especies de flora y fauna de estas islas en peligro de extinción.
Las Galápagos se encuentran en la línea equinoccial y representan una de las mayores fuentes de ingresos al estado ecuatoriano por las actividades turísticas, que generan unos cuatro millones de dólares cada año.
Según Linda Cayot, de la Estación Científica Charles Darwin, el turismo también se ha convertido en el causante de la rápida colonización del archipiélago, cuyo crecimiento poblacional está por encima del de las otras 20 provincias del país.
"La responsabilidad no puede recaer en este gobierno, que comenzó hace dos meses. El problema real es que en Ecuador no existe una política destinada a la protección del medio ambiente y acciones como la que se tomó ahora se deben más a un compromiso internacional y a la presión de la ONU", según Ortiz.
La ley de emergencia establece que ningún ciudadano ecuatoriano o extranjero podrá permanecer en las islas sin el carné de residencia, a excepción de los turistas, cuya estancia no será mayor de 90 días.
La entrega de nuevos carnés de residencia fue suspendida hasta que se apruebe una ley de control migratorio, que el parlamento está tratando.
El texto prevé la formación de un Consejo conformado por distintas entidades del Estado para controlar la actividad turística y disposiciones para vigilar a los pesqueros que operan en el área.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos fue designado a su vex para elaborar un censo poblacional y ocupacional de las islas, que deberá estar listo a finales de junio. (FIN/IPS/mg/dg/en/97
