Manifestaciones callejeras contra la privatización de la minera Compañía Vale do Rio Doce realizadas el martes en el centro de esta ciudad de Brasil dejaron un saldo de más de 30 heridos.
Paralelamente, el gobierno trataba de anular una sucesión de medidas judiciales que obstruyen la privatización de la firma, la mayor exportadora mundial de mineral de hierro.
La batalla callejera comenzó en la noche del lunes, cuando la Policía Militar intentó retirar a unos 200 manifestantes de la Plaza XV de Noviembre, donde se ubica la Bolsa de Valores de Rio de Janeiro, lugar previsto para laa operación. Por lo menos seis personas resultaron heridas, pero no de gravedad.
En la mañana del martes, el acto de protesta reunió a miles de personas, entre estudiantes, sindicalistas y militantes partidarios. Un enfrentamiento con la policía conmovió el centro de la ciudad y provocó heridas a más de 20 personas, la mayoría con lesiones leves.
Uno de los manifestantes, sin embargo, sufrió tres fracturas en la mano izquierda, probablemente por la explosión de una bomba tirada por la policía, y fue sometido a una intervención quirúrgica para evitar que perdiera algunos dedos.
Los policías atacaron también con lanzaaguas y bastonazos, mientras los manifestantes se defendieron con piedras y palos. Al menos seis agentes sufrieron contusiones ligeras.
La suspensión de la privatización no fue sin embargo provocada por las manifestaciones sino por acciones judiciales.
El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que coordina el Programa Nacional de Desestatización, admitió que once fallos preventivos emitidos por tribunales de varias estados de Brasil seguían impidiendo la subasta.
En total hubo 103 pedidos de prohibición legal de la privatización de la Compañía Vale do Rio Doce. En algunos casos sus autores solicitaron la suspensión preventiva de la subasta, hasta que sus acciones fueran juzgadas en el fondo.
Se trata de una batalla jurídica sin precedentes. El gobierno logró anular este lunes seis de las 11 decisiones judiciales que por las cuales se suspendía la operación.
Pero en la mañana de este martes nuevas decisiones de jueces de Sao Paulo, Brasilia, Rio de Janeiro y de varias ciudades del estado de Marañón se sumaron a la barrera judicial.
Los abogados del BNDES, pese a ser numerosos y trabajar las 24 horas del dia, no logran responder a todas las acciones promovidas por sindicatos, abogados, instituciones y personalidades de varias regiones del país, reconoció el presidente del banco, Luiz Carlos Mendonza de Barros.
El titular de la Bolsa de Valores de Rio, Fernando Opitz, aseguró, sin embargo, que la subasta podrá realizarse a cualquier hora, incluso en la noche del martes, algunos minutos después de que sean anuladas todas las medidas judiciales que la impiden.
El gobierno también mantuvo la disposición de privatizar la Vale do Rio Doce, un símbolo de luchas nacionalistas, cuando se superen los embargos judiciales, negándose a fijar nueva fecha para la subasta.
El presidente Fernando Henrique Cardoso argumentó que los actos callejeros y judiciales son similares a los que intentaron impedir privatizaciones anteriores de empresas siderúrgicas que también se consideraban estratégicas y emblemas de la nacionalidad .
Pero esta vez las acciones judiciales son mucho más numerosas y más amplia la oposición.
El mayor partido del país, el Movimiento Democrático Brasileño, efectuó una campaña contra los planes del gobierno por televisión.
La campaña fue protagonizada por los ex presidentes José Sarney e Itamar Franco.
La Compañía minera es considerada la más eficiente de las estatales y una de las pocas lucrativas del área estatal. Más que una empresa es "una agencia de desarrollo", argumentó el ahora senador Sarney. (FIN/IPS/mo/dg/if-ip/97