Trabajadores de la centrooriental provincia argentina de Santa Fe cortaron este jueves dos rutas, una nueva modalidad de protesta que intenta llamar la atención del gobierno sobre la crisis económica, social y laboral que afecta a amplios sectores de la población.
Los trabajadores de San Lorenzo, una localidad industrial de esta provincia, realizaron este jueves una huelga masiva de 24 horas. Pero esta vez, le agregaron el corte de rutas, tomando la experiencia reciente de los desocupados de Cutral Có, en el sur del país, y de Tartagal, en el extremo noroeste.
"Nosotros estabamos acostumbrados al paro, pero tomamos la experiencia que surge del pueblo y decidimos incorporar el corte de rutas para pedir que cese la superexplotación, y se creen nuevos puestos de trabajo", explicó Edgardo Quiroga, líder de la Confederación General del Trabajo de San Lorenzo.
Los huelguistas rechazan fundamentalmente las jornadas de 16 y 18 horas diarias de labor y piden la reducción horaria, sin reducción salarial, de manera de permitir el ingreso de unos 2.000 desocupados al mercado de trabajo. También piden mayor presupuesto para los hospitales y escuelas públicas.
San Lorenzo es una localidad que se caracterizó históricamente por albergar un gran número de industrias. Sin embargo, hoy se concentra allí un alto índice de desempleo. Aproximadamente 40 por ciento de la población activa carece de trabajo estable.
"Aquí se muestran las dos caras del modelo económico argentino", subrayó Quiroga. "Hay un sector cada vez más reducido que este año exportará por 6.000 millones de dólares, y casi la mitad de los trabajadores que no tienen empleo".
Quiroga sostuvo que las autoridades provinciales prometen la creación de puestos de trabajo, pero no en los rubros en los que se desempeñan los obreros, y además, con salarios mensuales que están muy por debajo del mínimo requerido.
"Nosotros somos trabajadores de la industria química, petroquímica, plásticos, aceiteros, ceramistas, y nos ofrecen empleo en huertas comunitarias por 200 pesos al mes (equivalentes a 200 dólares, menos de la mitad de un salario mínimo)", explicó.
El gobierno advirtió este jueves que, si persisten los cortes de ruta, los inversores externos pensarán dos veces antes de desembolsar su capital en este país.
Jorge Obeid, gobernador de la provincia donde se desató el conflicto, el tercero del mismo tipo en un mes, manifestó su preocupación por "la propagación de esta metodología de presión al gobierno" y consideró que "hay grupos violentos, minoritarios, que buscan confrontar" con las autoridades.
En Argentina, la estabilidad económica y el crecimiento fueron de la mano de un incremento de la tasa de desocupación que hoy llega a 17,4 por ciento, con un subempleo de 13,6 por ciento. En algunos pueblos del interior el fenómeno aún se agudiza por el cierre de fábricas.
El secretario general de la presidencia, Alberto Kohan, advirtió que el gobierno no negociará más con quienes adopten la modalidad del corte de rutas, y aseguró que los inversores "se van a asustar" si no reinan condiciones de seguridad para invertir sus capitales.
En Cutral Có, la localidad de Neuquén que impuso la fórmula del corte de rutas en marzo y la profundizó en abril, el desempleo afecta a 35 por ciento de la población, debido al cierre de una sede de la empresa petrolera YPF.
La ruta de Cutral Có fue desalojada por la gendarmería con carros hidrantes, gases y balas, en una represión que tuvo como saldo un muerto y decenas de heridos. No obstante, los trabajadores consiguieron arrancar promesas oficiales de nuevos puestos de trabajo y subsidios al desempleo.
Cuando aún no se habían apagado los ecos del conflicto de Cutral Có, en Tartagal, en la norteña provincia de Salta, casi en la frontera con Bolivia, un grupo de trabajadores y desempleados interrumpió una ruta en reclamo de empleo, salarios adeudados y promesas incumplidas por parte de las autoridades.
Con el ejemplo de Cutral Có, los huelguistas de Tartagal se mantuvieron firmes en su reclamo y evitaron que la gendarmería intentara dispersarlos. En Tartagal, el desempleo afecta a 65 por ciento de la población activa, un problema provocado también por el cierre de una planta de YPF.
Los manifestantes de Tartagal, que acamparon en la ruta provincial con sus familias, obtuvieron esta semana la promesa de unos 4.000 puestos de trabajo temporarios (ninguno se extenderá más de un año) por 200 pesos mensuales. (FIN/IPS/mv/jc/ip-if- lb/97