En Tartagal, pueblo argentino en el límite con Bolivia, los pobladores ignoran que una misión del FMI llegó esta semana a Buenos Aires para discutir con el gobierno sobre el ajuste provincial. Sin embargo, en coincidencia con la visita, se sublevaron.
Unos 1.000 pobladores cortaron una ruta en Tartagal, provincia de Salta, 1.600 kilómetros al noroeste de Buenos Aires. En respuesta, el Ministerio del Interior envió este jueves 300 gendarmes a fin de restablecer el orden. En Tartagal, 65 por ciento de la población activa está desocupada.
Lo mismo ocurrió en la sureña provincia de Neuquén a mediados de abril. Más concretamente en la localidad de Cutral Có, donde manifestantes cortaron la ruta para llamar la atención sobre la falta de trabajo.
Allí la excusa fue una huelga de maestros pero el fondo del problema es el mismo, la falta de empleo. En Cutral Có, 35 por ciento de los pobladores en edad de trabajar no tienen empleo y descreen de las reiteradas promesas oficiales.
La rebelión de Cutral Có alcanzó su punto más alto con la llegada de unos 700 gendarmes que desalojaron la ruta a fuerza de palos, gases, perros y camiones hidrantes. Tampoco faltaron los disparos de bala, que provocaron una víctima fatal: una mujer de 24 años.
Tanto Tartagal como Cutral Có se transformaron en pueblos fantasmas con la privatización de la petrolera YPF, la primera empresa de Argentina en facturación. Aún cuando bajo tierra queden todavía recursos, la empresa evaluó que le convenía irse y dejó tras sí un tendal de desocupados.
En consonancia con las exigencias del FMI (Fondo Monetario Internacional), el ministro de Economía de Argentina, Roque Fernández, reclamó a todas las provincias que hagan sus ajustes. A cambio de los despidos y cesantías, el gobierno asegura que habrá créditos para obras públicas.
La delegación del FMI manifestó preocupación por lo que consideró como una "espiralización del gasto provincial". En abril, las provincias gastaron 21 por ciento más que en el mismo mes de 1996. Si se mide el aumento del gasto público total, 41 por ciento es responsabilidad provincial.
Por eso, los acreedores creen que ahora las reformas estructurales deben estar focalizadas en mejorar la disciplina fiscal en las provincias, un ajuste que Fernández coincidió en calificar de "imprescindible".
La crisis de Tartagal, que tiene 50.000 habitantes, coincidió con la resistencia de toda la provincia de Salta al ajuste que recomiendan los organismos multilaterales de crédito y del que se hace eco el gobierno del presidente Carlos Menem.
Esta semana, el Banco Mundial condicionó la concesión a Salta de un crédito de 60 millones de dólares a la reducción de 4.000 empleos públicos. La institución recomendó además profundizar el ajuste a través de nuevas privatizaciones.
Entretanto, una delegación del FMI arribó esta semana a Buenos Aires para discutir con las autoridades económicas si otorga o no un crédito de facilidades extendidas para equilibrar en parte el déficit fiscal.
Este año, el Estado central registrará un déficit de 3.000 millones de dólares, que llegaría a 4.500 millones si se acelera el ajuste provincial, que implica el traspaso de cajas jubilatorias provinciales a la Nación y el despido con indemnización de miles de empleados públicos.
Pero Tartagal parece haberse transformado esta semana en un caso testigo de un ajuste que amenaza ceñir un cinturón que ya no tiene más agujeros.
En esa ciudad no sólo hay un alto índice de desempleo por el cierre de la planta de YPF. El gobierno municipal debe a los empleados públicos del pueblo tres meses de salarios, que equivalen a unos 600 mil dólares.
El intendente, Rubén Benítez, asegura que tiene 3,5 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo para obras públicas pero carece de fondos para pagar sueldos.
"Yo les digo a los organismos internacionales que con ese dinero no puedo matar hoy el hambre de la gente", proclamó el funcionario comunal, y luego arremetió contra la decisión del gobierno nacional de enviar gendarmes.
"En lugar de enviarnos gendarmes sería mejor que enviaran soluciones", advirtió este jueves el intendente, perteneciente al gubernamental Partido Justicialista. "Lamentablemente, yo no tengo las llaves de la caja", ironizó ante los trabajadores y desocupados de Tartagal. (FIN/IPS/mv/dg/ip-if/97
