Con la firma de un acuerdo definitivo entre el gobierno y los dirigentes sindicales, concluyó hoy en Chile el conflicto por el cierre de la mina de carbón de Lota, que generó hechos de violencia callejera en los últimos días.
El acuerdo ratificado este sábado se alcanzó en la noche del viernes y fue aprobado por unos 800 mineros, de un total de 1.200, que permanecían en Santiago desde el lunes, apoyando las gestiones de sus dirigentes.
Los trabajadores del yacimiento situado unos 550 kilómetros al sur de Santiago obtuvieron mejoras sustanciales en comparación con las contenidas en la propuesta efectuada por el gobierno del presidente Eduardo Frei cuando dispuso el cierre de la mina el 16 de abril.
Frei subrayó este sábado en una reunión con los dirigentes que, si se hubiera actuado con un criterio exclusivamente económico, la clausura de Lota debió decretarse muchos años antes, debido a las crecientes pérdidas en la explotación del carbón.
El mandatario dijo que el gobierno enfrentó la situación con un criterio social y fustigó a quienes postulan que "las modernizaciones deben hacerse a cualquier costo".
Con el cierre del yacimiento desaparece la actividad minera que constituyó durante 150 años el sustento fundamental de la comuna (municipio) de Lota, de 50.000 habitantes, una de las más empobrecidas del país.
Los 1.200 mineros y sus familias rechazaron aspectos fundamentales del plan compensatorio que el gobierno ofreció al anunciar el cierre para dar paso a un programa de reconversión económica del municipio.
Los trabajadores resolvieron viajar masivamente el domingo último a Santiago para apoyar las negociaciones de los dirigentes sindicales con una comisión gubernamental encabezada por Juan Villarzú, ministro de la Secretaría General de la Presidencia.
Los mineros que llegaron el lunes a la capital planeaban concentrarse y acampar en fronte al palacio presidencial de La Moneda, lo cual fue impedido por las fuerzas especiales de la polícia de Carabineros mediante una fuerte represión.
Durante los incidentes fue apedreada la sede del oficialista Partido Demócrata Cristiano, el mayor de Chile, a cuyas filas pertenecen el presidente Frei y el ministro Villarzú.
Los hechos violentos se repitieron en la noche del miércoles, cuando al parecer activistas de extrema izquierda, "infiltrados" en una manifestación, según dirigentes mineros, atacaron a la policía en el centro de la capital.
En Concepción, ciudad capital de la octava región, unos 30 kilómetros al norte de Lota, ocurrieron el jueves los más graves incidentes, cuando fuerzas de Carabineros ingresaron al campus de la universidad local para repeler a estudiantes que manifestaban su respaldo a los mineros.
La acción policial recibió el apoyo del ministro del Interior, Carlos Figueroa, también democristiano, en tanto las organizaciones estudiantiles acusaron al gobierno y la policía de atropellar la autonomía universitaria.
La tensión fue aminorando el viernes, a medida que se avanzaba hacia un acuerdo que fue ratificado por la asamblea de 800 mineros concentrados en Santiago por la noche.
Villarzú admitió este sábado que el estado deberá desembolsar unos 48,8 millones de dólares en los planes especiales de compensación salarial y pago de jubilaciones anticipadas a los mineros de Lota.
Esta suma representa un incremento de 3,5 millones de dólares con respecto a la oferta inicial hecha por el gobierno a través de la estatal Empresa Nacional del Carbón, propietaria del yacimiento.
Los 800 mineros se aprestaban a regresar a Lota en la noche de este sábado, luego de una masiva concentración en que agradecerán la solidaridad que recibieron en Santiago de la Central Unitaria de Trabajadores y del movimiento estudiantil. (FIN/IPS/ggr/mj/lb/97
