El Ejército de Chile y su comandante, el ex dictador Augusto Pinochet, enfrentan nuevas denuncias que hicieron crecer el escándalo en torno al asesinato del conscripto Pedro Soto, supuestamente cometido en un regimiento.
El diputado Camilo Escalona, presidente del Partido Socialista (PS), afirmó este jueves que Pinochet está protegiendo en este caso al general Emilio Timmermann, quien estuvo involucrado en la fuga de Chile en 1992 del químico y agente represivo Eugenio Berríos, asesinado más tarde en Uruguay.
Timmermann, comandante de la segunda división del Ejército, tuvo a su cargo como juez militar la investigación de la justicia castrense sobre la muerte de Soto, recluta del regimiento Yungay de la ciudad de San Felipe, 90 kilómetros al norte de Santiago.
Soto, quien según sus familiares era víctima de maltratos en el regimiento, desapareció el 15 de diciembre de 1996 y sólo tres meses después, el 15 de marzo, se encontró parte de su cadáver en un cerro cercano a San Felipe.
Manuel Silva, juez especial de instrucción a cargo del caso, dispuso el miércoles último la libertad incondicional del conscripto Dagoberto Contreras, inculpado por la justicia militar como principal sospechoso en el asesinato de Soto.
El día 23, el magistrado había ordenado también la liberación de otros tres reclutas, detenidos, al igual que Contreras, como resultado de la investigación interna que llevó a cabo la justicia militar en el regimiento Yungay.
Las resoluciones de Silva dejaron el caso sin sospechosos detenidos y echaron por tierra la versión oficial del Ejército de que Soto había sido secuestrado y asesinado por una "mafia de homosexuales" de la cual formarían parte los cuatro reclutas.
La fiscalía militar, dependiente del general Timmermann, desechó la inocencia de los cuatro conscriptos, alegada por sus familiares y por el diputado Nelson Avila, del oficialista Partido Por la Democracia.
La investigación de la justicia militar concluyó igualmente que no había oficiales ni suboficiales implicados en el caso y desvirtuó las denuncias sobre maltrato y abusos contra los jóvenes que cumplian su servicio militar obligatorio en el regimiento Yungay.
El Ejército incluso amenazó con querellarse ante los tribunales contra María Elena Yáñez, madre del recluta Contreras, quien sostuvo en todo momento la inocencia de su hijo y aseguró que fue presionado por sus mandos para inculparse.
Contreras, licenciado del Ejército una vez que abandonó la prisión, ofreció este jueves una conferencia de prensa en San Felipe donde corroboró lo afirmado por su madre, denunciando que fue golpeado y drogado en la fiscalía militar.
El joven indicó asimismo que un subteniente de apellido Lobos hostigaba y golpeaba frecuentemente al conscripto Soto, quien sufrió un fuerte estado depresivo en vísperas de su desaparición el 15 de diciembre.
Contreras y su madre dijeron igualmente que son objeto de presiones y espionaje de personal militar vestido de civil, perteneciente según afirmaron al cuerpo de inteligencia del Ejército.
En medios judiciales y periodísticos se esperan nuevas resoluciones del juez Silva que podrían implicar un drástico viraje en el caso, para desembocar posiblemente en el juzgamiento de altos oficiales.
El diputado Escalona sostuvo que Timmermann debe asumir la responsabilidad por el fracaso de la investigación de la justicia militar, cuyas conclusiones resultaron falsas a la luz de la liberación de los cuatro reclutas resuelta por el juez Silva.
"Creo que Pinochet está protegiendo al general Timmermann, quien aparece comprometido en el oscuro caso Berríos en Uruguay. Ese oficial general (Timmermann) debió haber pasado hace tiempo a retiro", dijo el diputado socialista.
Timmermann formaría parte de una red de militares retirados y en servicio activo, vinculados a aparatos represivos, que operaría en Chile, Argentina y Uruguay, y virtualmente secuestró a Berríos, un químico que trabajó para la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Pinochet.
El diputado Escalona calificó también de "burla contra todo el país" una declaración del coronel Juan Miguel Fuente-Alba, jefe de Relaciones Públicas del Ejército, quien sostuvo que la justicia militar es autónoma del alto mando castrense.
El asesinato del conscripto Soto fue un balde de agua fría para la campaña que iniciaron a fines de 1996 el Ministerio de Defensa y el Ejército con el fin de mejorar la imagen del servicio militar obligatorio.
La conscripción forzada de todos los jóvenes de 18 años es rechazada por juventudes políticas y activistas de derechos humanos a la luz de diversas consideraciones, que incluyen las cada vez más frecuentes denuncias de maltratos en regimientos.
En el curso de 1995 y 1996 se conocieron dos casos de muertes de reclutas y de alrededor de una decena de suicidios en los cuarteles, así como deserciones de conscriptos que huyeron de los regimientos ante los maltratos. (FIN/IPS/ggr/ag/hd/97
