Más de un mes después de la imposición de un toque de queda en la Provincia del Noroeste de Camerún para impedir nuevos ataques de supuestos terroristas, los pobladores de la región son víctimas de torturas y violaciones a manos de soldados.
Pa Jick, de 78 años, fue golpeado por soldados que llegaron armados de pistolas, cuchillos, hachetas, bastones y gases lacrimógenos a su casa de Jickijem, 126 kilómetros al norte de Bamenda.
En otra ocasión, durante el sermón del pastor en una iglesia bautista, los soldados rodearon el templo, enviaron a las mujeres y niños a sus casas y obligaron a los hombres, una vez fuera del edificio, a arrojarse al barro.
Finalmente, el grupo fue enviado a un cuartel, donde sus integrantes fueron considerados terroristas y torturados con golpes en la planta de los pies.
La población de la provincia, bastión del opositor Frente Social Democrático (SDF), tiene miedo pese a que las autoridades sostienen que la tranquilidad volvió a la zona con el toque de queda del atardecer al amanecer.
El toque de queda fue impuesto luego de los seis ataques contra objetivos administrativos y de seguridad realizados entre el 27 y el 30 de marzo.
"Esto es una verdadera pesadilla. No es más que terrorismo de estado", dijo Samuel Nji, inspector de matemática que recientemente estuvo detenido durante 24 horas por los soldados.
"¿Este es el precio que tenemos que pagar para que la democracia se instale en el país?", preguntó Nji, recordando el estado de emergencia que se impuso en la provincia después de las elecciones presidenciales de 1992.
Cientos de personas son detenidas en redadas diarias realizadas durante la madrugada y obligadas a revolcarse en el barro o a acostarse sobre sus espaldas de cara al sol.
Anteriormente, eran liberados al exhibir sus documentos de identidad, pero ahora tienen que comprar su libertad, que cuesta alrededor de seis dólares para las mujeres y cuatro para los hombres.
La represión de las fuerzas de seguridad es más intensa en los poblados de Nso y Oku, en la provincia del Noroeste. Las mujeres son violadas y los hombres huyen a la montaña de Kilum para evitar a los soldados.
En ocasiones, los soldados queman las casas, como en el caso de Daniel Yang, miembro del SDF, de Jikijem, a seis kilómetros de Oku, que perdió su propiedad.
Las fuerzas de seguridad detuvieron a unas 500 personas durante las redadas y las recluyeron en una cárcel de Yaoundé, en celdas superpobladas, con mala ventilación, incomunicadas y alimentadas con pan viejo.
"Recen por nosotros. Estamos aquí desde el 29 de marzo. No recibimos visitas y estamos mal alimentados. La mayoría está gravemente enferma. Demasiada intimidación y golpes. Pasamos 22 días sin bañarnos", denunciaron 30 detenidos en una carta sacada clandestinamente de su lugar de detención.
La mayoría de los detenidos en Bamenda y Yaoundé son integrantes de los partidos de oposición, principalmente del SDF, liderado por John Fru Ndi.
Uno de ellos es Paulinus Jua, candidato del SDF en las elecciones legislativas de Kom, a 30 kilómetros de Bamenda, detenido bajo acusación de haber entrenado a los terroristas, lo que provocó disturbios a fines de marzo.
Otros detenidos son trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad y de Correos y Telecomunicaciones, acusados de haber participado en el ataque a Kumbo, que interrumpió los servicios telefónicos y la corriente eléctrica.
Los detenidos todavía no fueron llevados ante un juez, lo que sugiere que el gobierno quizá no encontró aún pruebas que los incrimine. La comunidad diplomática expresó su preocupación al respecto.
Una hipótesis es que el gobierno del presidente Paul Biya haya orquestado los ataques terroristas para perjudicar al SDF antes de las elecciones legislativas del 17 de mayo.
Pero el gobierno sostiene que los seis ataques de la provincia del Noroeste fueron realizados por grupos terroristas vinculados al Consejo Nacional de Camerún del Sur (SCNC) y un "conocido partido de oposición".
"Tenemos documentos que prueban la participación del partido de oposición, pero tenemos dudas sobre el SCNC. Esperemos que el caso llegue a los tribunales", dijo el funcionario Pierre Mout Emgbang.
La tortura desenfrenada y el aumento de la delincuencia armada hacen temer al Grupo de Defensa de los Derechos Humanos de Bamenda que se desencadene una guerra civil si el gobierno no levanta el toque de queda en la provincia del Noroeste.
La prensa sostuvo que la tortura dejará heridas difíciles de cerrar, que provocarán la "desintegración nacional".
"Terminen con la injustificada e inhumana tortura del pueblo", solicitó al gobierno el diario Le Quotidien. (FIN/IPS/tra-en/tm/jm/pm/aq-ml/hd/97