La venta de la compañía minera Vale do Rio Doce constituyó el mayor triunfo del programa de privatización de Brasil, por la suma obtenida y los obstáculos superados, pero la batalla dejó secuelas para el gobierno y las instituciones.
Superar la gran barrera legal levantada por la oposición fue importante para la continuidad del programa de venta de activos del Estado en la firma, que pasa ahora al sector de telecomunicaciones y energía eléctrica, involucrando sumas más elevadas. Se habla de decenas de miles de millones de dólares.
Como se trata de áreas más estratégicas que las mineras, se puede prever la repetición de las obstrucciones legales, aunque una menor resistencia en las calles, porque las empresas estatales telefónicas cuentan con escaso apoyo popular a causa de sus deficientes servicios.
La justicia aparece como una de las instituciones más afectadas por la privatización de la Vale do Rio Doce (CVRD), al convertirse en el escenario principal de la guerra entre los órganos gubernamentales involucrados en el proceso de desestatización y laa oposición.
Decisiones excesivamente numerosas, dispersas y contradictorias difundieron la imagen de un Poder Judicial caótico,juzgando con criterios políticos y en un ritmo frenético, a tal punto que este martes un fallo suspendió la subasta cuando ya había comenzado.
Este miércoles, una sentencia de la jueza Valeria Medeiros suspendió los efectos de la venta, impidiendo la transferencia de las acciones de la CVRD al consorcio que ganó la disputa.
Otras acciones conducidas por abogados, políticos, sindicatos y diversos grupos intentan anular el remate.
En realidad, las 53 privatizaciones llevadas a cabo en Brasil desde 1991 deben ser aún examinadas por la Suprema Corte de Justicia, que no se pronunció sobre la constitucionalidad del proceso.
"Perdimos una batalla pero no la guerra", sostuvo el jurista Fabio Comparato, uno de los autores de la acción judicial más fuerte, que retardó en una semana la venta de la CVRD, inicialmente prevista para el 29 de abril.
La evaluación en el fondo de las acciones que cuestionan la privatización de la CVRD, una de las mayores empresas mineras del mundo, demandará entre tres y cinco años, pronosticó el jurista.
El episodio intensificó la necesidad de reformas en el Poder Judicial, según admitió el propio presidente de la Suprema Corte, Sepúlveda Pertence, quien defendió la necesidad de una enmienda constitucional que limite las acciones en los tribunales.
El gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso, de todas formas, puede festejar el resultado, ya que es poco probable que la justicia revierta hechos consumados, admitió el propio Comparato.
Con la venta de la CVRD, el gobierno elimina "otro mito del nacionalismo", afirmó el diputado Roberto Campos, defensor persistente del liberalismo económico.
Curiosamente el Consorcio Brasil, que adquirió el control de la CVRD, es encabezado por otro antiguo símbolo nacionalista, la Compañía Siderúrgica Nacional, privatizada en 1993 tras otra batalla judicial y callejera promovida por la oposición.
Además de un triunfo ideológico, el gobierno del presidente Cardoso obtuvo un buen resultado financiero. Las acciones de la CVRD fueron vendidas a un precio 19,98 por ciento superior al mínimo fijado, un nivel considerado excelente en una disputa entre sólo dos consorcios.
Son 3.130 millones de dólares que ayudarán a reducir el déficit fiscal y el desequilibrio en las cuentas externas, ya que gran parte de ese dinero vendrá del exterior.
Pero Cardoso y su gobierno en lo político. La venta de la CVRD enfrentó la más fuerte oposición, reflejada no tanto en las miles de personas que se manifestaron en las calles de Rio de Janeiro.
Esa fue la privatización que movilizó el más amplio frente de resistencia, con la Iglesia Católica, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, mayor representación parlamentaria) y el Colegio de Abogados de Brasil juntándose a los tradicionales opositores de izquierda.
La controversia se sumó a varios problemas que indican "la posibilidad de debilitamiento político" de Cardoso para la reelección en 1998, evaluó el cientista político Bolívar Lamounier, en un artículo publicado este miércoles en el diario Gazeta Mercantil.
Dificultades económicas, como el déficit comercial y la ayuda a los bancos en quiebra, la fuerza que ganó del Movimiento de los Sin Tierra contra la tímida política agraria del gobierno y algunas derrotas parlamentarias fueron otros hechos que marcan límites al gobierno inimaginables hace cuatro meses, señaló el experto.
Esas resquebrajaduras en un poder antes monolítico y las incertidumbres jurídicas pueden afectar la marcha del procesi de privatizaciones pese al éxito en la venta de la Vale do Rio Doce. (FIN/IPS/mo/dg/if/97
