El presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, anunció hoy que combatirá con rigor las manifestaciones violentas de la oposición, en un intento por interrumpir la caída de popularidad que sufre su gobierno desde inicios del año.
"Sin orden legítimo no hay democracia", dijo el presidente, tras protestar por "el comportamiento agresivo de sectores disconformes con su propia falta de alternativas" a las políticas gubernamentales.
Cardoso aprovechó la asunción de dos nuevos ministros, Iris Resende en Justicia y Eliseu Padilha en Transportes, para pronunciar el discurso en que apareció más irritado ante las dificultades que enfrenta su gobierno.
La oportunidad de condenar "la violencia y la anarquia" promovidas por una oposición "sectaria" le fue ofrecida por declaraciones del líder del Movimiento de los Sin Tierra (MST), José Pedro Stédile, que defendió este miércoles acciones ilegales por parte de los excluídos.
Stédile llamó a la población urbana sin techo a invadir viviendas y espacios no ocupados, tal como lo hace el MST en predios rurales, además de sugerir ocupaciones de fábricas a los desempleados y manifestaciones delante de los supermercados a "quienes tienen hambre".
Sus declaraciones siguieron a la muerte de tres hombres en Sao Paulo el martes, cuando la policía disparó contra ocupantes ilegales de 440 departamentos en construcción, que resistieron la operación de desalojo con palos y piedras.
Un día antes el MST había rechazado la propuesta del presidente Cardoso de participar en una comisión gubernamental que discutiría con la sociedad formas de ampliar la reforma agraria oficial, que tiene como meta asentar a 180.000 familias en 1997 y 1998.
El presidente atribuyó su "indignación" a la violencia que estaría pautando las manifestaciones opositoras.
Palos y piedras, "que son menos poderosos que bayonetas", según advirtió Cardoso, fueron lanzados en protestas contra privatizaciones e incluso contra su propia comitiva cuando el presidente visitó Uruguay hace dos semanas.
Pero la reacción airada, inusual en un presidente antes cordial y sonriente, se debe también a la sucesión de problemas que enfrenta su propio gobierno, que determinaron una caída de más de 20 puntos percentuales en su popularidad desde marzo.
La última encuesta del Instituto Brasileño de Opinión Pública aún le asegura casi 50 por ciento de respaldo popular, pero fue efectuada antes del escándalo de la "compra de votos" en favor de la enmienda constitucional que permitirá la reelección de Cardo o en 1998.
Grabaciones divulgadas por el diario Folha de Sao Paulo la semana pasada revelaron que al menos dos diputados "vendieron" sus votos por 190.000 dólares en enero.
Ambos renunciaron a sus mandatos el miércoles, para evitar un juicio parlamentario que les suspendería sus derechos políticos por ocho años.
El escándalo afecta gravemente a Cardoso, al confirmar viejas sospechas de que su gobierno mantiene la misma práctica, tradicional en la política brasileña, del canje de apoyo parlamentario por favores personales. Hasta ahora no se ponía en duda la moralidad del presidente.
Con la renuncia de los dos diputados y la aprobación de la enmienda de la reelección en el Senado, en primera votación el miércoles por holgada mayoría de 63 contra seis, parece neutralizada la crisis parlamentaria que amenazaba al gobierno.
Pero desde el inicio del año se acumulan hechos negativos que pusieron fin a la larga luna de miel de dos años entre Cardoso y la población brasileña, reflejada en los índices de popularidad.
La privatización de la Compania Vale do Rio Doce se concretó el día 6 tras una semana de batallas judiciales y callejeras que dejaron secuelas políticas. La venta de la gigantesca empresa minera movilizó una amplia oposición y se hizo sin apoyo mayoritario entre la población.
En el Congreso, el gobierno debe enfrentar varios obstáculos para lograr la aprobación de reformas que considera fundamentales para la salud económica del país, como la que permite despedir funcionarios públicos para contener el déficit público, la tributaria y la de la seguridad social, amenazada de quiebra.
El presidente acusó a la oposición de utilizar "sospechas e insinuaciones", en el caso de la "compra de votos", para intentar paralizar la actividad parlamentaria.
Cardoso aseguró que "será despedido" cualquier miembro de su gobierno cuya participación en el escándalo sea probada. La principal sospecha recae sobre el ministro de Comunicaciones, Sergio Motta, mencionado en las grabaciones como fuente del dinero pagado a los diputados.
Motta, conocido por sus pronunciamientos intempestivos y groseros, es considerado el ministro de mayor influencia sobre el presidente, del que es amigo personal. (FIN/IPS/mo/dg/ip/97
