El gobierno de Bolivia comenzó esta semana a cumplir su promesa de pagar un bono anual de 248 dólares a todo anciano de 65 o más años, con rtizadas.
El llamado "Bono Solidaridad" es el principal tema de atención en Bolivia y le la robado protagonismo a las agresivas guerras verbales que sostienen los políticos ante las elecciones generales del 1 de junio próximo.
El monto de 248 dólares del Bono equivale a dos salarios mensuales promedio de un trabajador y a cinco salarios mínimos.
Elogiado por unos como la obra social más importante de la o Sánchez de Lozada y condenado por otros porque el ahorro de 60 años del Estado se desvanecería en una reparto simple, el Bono está también en el centro de la polémica.
El Bono beneficiará a todos los ciudadanos bolivianos a partir de los 65 años que hasta el 31 de diciembre de 1995 hayan cumplido la mayoría de edad (21 años), y se pagará hasta la década que se inicia el año 2030.
En ese momento comenzará a declinar el Fondo de Capitalización Colectiva, formado con los recursos generados por la capitalización (una forma de privatización) de seis empresas estatales, que financia el Bono. Hoy, unos 300.000 de los siete millones de habitantes de Bolivia tienen 65 años o más.
En lugar de la conocida fórmula de la privatización o venta directa, la gestión de Sánchez de Lozada optó por deshacerse de las seis más grandes empresas estatales a través de un proceso denominado de "capitalización", por el que las empresas terminan siendo finalmente privatizadas en el largo plazo.
La capitalización consiste en la asociación con capitalistas extranjeros que a condición de una inversión similar al valor de una empresa se convirtieron en propietarios de la mitad de las acciones y responsables de su administración.
Los dividentos e intereses que generan las empresas capitalizadas financian el pago del Bono. Cuando estos dividendos sean insuficientes, se venderán las acciones que teóricamente pertenecen a los bolivianos, hasta agotar esos recursos.
Cuando se haya vendido la última acción de propiedad de los ciudadanos bolivianos, las empresas capitalizadas podrán considerarse privatizadas.
Las críticas al Bono Solidaridad señalan su carácter oportunista, ante la proximidad de las elecciones del 1 de junio, para beneficiar al candidato del oficialismo.
Desde el punto de vista económico, los opositores alegan que cuando comiencen a vender las acciones de las empresas capitalizadas para continuar pagando el Bonosol, el Estado boliviano habrá perdido la riqueza acumulada en seis décadas a través de lo que fueron sus empresas.
"Al final, todo el capital de los bolivianos se va a gastar en pagar el Bonosol, y por tanto habremos perdido la propiedad de las empresas", dijo el economista Jorge Torres.
Y desde el ángulo social, los críticos reconocen que es una medida de indudable impacto social pero a la vez discriminatoria con los niños y adolescentes de hoy que no cumplieron 21 años antes del 31 de diciembre de 1995, como establece la Ley de Pensiones, que regula su pago.
"Esta es la única medida de corte social en 12 años de gobiernos neoliberales, pero beneficia sólo a un sector de la población y no alcanzará a los niños y adolescentes de hoy", dijo el candidato presidencial Jerjes Justiniano, de la radical Vanguardia Socialista de Bolivia.
En tanto, el ex dictador Hugo Banzer (1971-78), el candidato con mayor opción de llegar a la Presidencia según las encuestas, calificó el pago del Bono como un "cohecho" del gobierno para intentar mejorar las posibilidades electorales del oficialista Juan Carlos Durán.
Durán ocupa el segundo lugar en las encuestas junto al ex presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) e Ivo Kuljis, del partido populista Unidad Cívica Solidaridad. (FIN/IPS/jcr/ag/pr/97
