El desempleo y el trabajo precario, en los que desembocan los principales procesos económicos actuales, como la apertura de mercados, la estabilización monetaria y las privatizaciones, constituyen una preocupación generalizada en América Latina.
Los sindicalistas de la región temen en ese sentido que el Area de Libre Comercio de América (ALCA), tal como se está negociando, sin la participación de trabajadores y garantías de "salvaguardias sociales", agrave el problema en escala hemisférica.
El proceso de apertura comercial en América Latina ha producido aumento de desempleo, de pobreza, éxodo rural y violencia urbana, señaló un manifiesto aprobado en un foro sindical paralelo a la reunión de ministros que discutió sobre el ALCA semana la pasada en Belo Horizonte, en el centro de Brasil.
En México el nivel de empleo cayó 10 por ciento desde la vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), según el balance de la Red Mexicana de Acción contra el Libre Comercio, que reúne a dos centrales sindicales, organizaciones de pequeñas empresas y partidos opositores.
Además, el promedio salarial se redujo 22 por ciento, aunque la economía creció 9,8 por ciento en estos últimos tres años. Las consecuencias del TLC en México fueron "dramáticas", opinó Alberto Arroyo, dirigente que representó a la Red en las reuniones de Belo Horizonte.
"Se ha dejado de producir para importar, se perdieron o se precarizaron los empleos, se desorganizó el movimiento sindical y, más grave aún, se renunció a la soberanía nacional", resumió Arroyo en entrevista con IPS.
Pero reconoció que la crisis cambiaria que sufrió su país a fines de 1994 explica muchos de esos daños, dificultando el deslinde de los perjuicios debidos al acuerdo de integración con Estados Unidos y Canadá.
De todas formas, Arroyo se dijo seguro de que el ALCA tendrá que ser "radicalmente distinto" al TLC, para evitar el mismo desastre en toda América Latina.
En el otro extremo del subcontinente, índices de desempleo abierto tan altos como los europeos atormentan a Argentina y a Uruguay, pero son atribuidos principalmente a programas de estabilización económica.
Uruguay, con 12,1 por ciento, tiene 165.000 trabajadores sin empleo, en una población total de 3,1 millones.
Otros 460.000 uruguayos laboran en el sector informal, destacó Hugo Cores, secretario político de la coalición de izquierda Frente Amplio, que ve a las pequeñas economías como más vulnerables a un eventual libre comercio continental.
En Argentina un desempleo de 17,4 por ciento generado en el proceso de combate a la hiperinflación en esta década y agravado por efectos de la crisis mexicana en 1995 produce una expansión sin precedentes de la pobreza.
En Brasil, también sometido a un esfuerzo de estabilización y de apertura del mercado, el desempleo abierto es relativamente bajo, de 5,97 por ciento en marzo.
Pero ese índice refleja escasamente la realidad de un país donde más de la mitad de sus trabajadores están en el mercado informal, que demuestra una capacidad singular de absorber a los excluídos de la industria y de la agricultura.
Desde 1989 Brasil perdió tres millones de empleos formales, destacó Paulo Baltar, profesor de economía de la Universidad de Campinas, en un debate sobre el tema desarrollado el martes en Río de Janeiro.
En la década actual el sector industrial redujo en un tercio la cantidad de empleados, corroboró el jefe del Departamento Económico de la Confederación Nacional de la Industria, José Guilherme Reis, para quien la informalidad en Brasil no equivale necesariamente a precarización y menores ingresos.
La reducción de empleos industriales se debió, según los economistas, a la rápida apertura verificada en el mercado brasileño desde 1990, que obligó a una fuerte reestructuración del sector, con un acelerado aumento de la productividad.
Un caso ejemplar es el de la fábrica de televisiones y electrodomésticos Gradiente. Entre 1990 y 1996 esa empresa redujo sus empleados de 9.600 a 3.000, pero aumentó sus ventas 150 por ciento, según el representante de su presidente Eugenio Staub.
Baltar y su colega de universidad Jorge Mattoso temen ahora que la privatización y la reforma administrativa del Estado que será impulsada por una enmienda constitucional que se encuentra en fase final de aprobación parlamentaria provoquen una nueva ola de desempleo.
El sector público concentra la cuarta parte del total de empleos formales en Brasil, o sea unos seis millones, y desde los años 80 es prácticamente el único generador de nuevos puestos de trabajo de ese tipo, observa un estudio de los dos economistas.
Actualmente el área estatal emplea más personal que toda la industria de transformación.
Cada privatización representa el despido de miles de trabajadores. No obstantem con la reforma administrativa en marcha se pretende autorizar a los gobiernos estaduales y municipales a despedir a funcionarios para reducir sus gastos salariales, la mayor fuente del déficit fiscal. (FIN/IPS/mo/dg/pr-if/97
