Solidaridad para garantizar atención a los pobres y competencia en aras de financiar una mejor calidad del sistema, son las claves en las reformas de los sistemas de Salud en América Latina según la Cepal.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), con sede en Santiago de Chile, señaló en un informe que existe un amplio consenso en la región sobre la necesidad de reformas estructurales en el sector Salud.
De acuerdo a las concepciones en boga, también en este caso el cambio estructural se conjuga con los verbos privatizar o desregular, aunque una vez más Cepal advierte que los estados no pueden eximirse de un papel regulador y de supervisión.
La Salud vive una crisis generalizada en la región y en el mundo, que abarca las fuentes de financiamiento y la provisión de servicios, lo cual se traduce en una baja cobertura poblacional y en la falta de resguardos ante riesgos de accidentes y enfermedades.
Daniel Titelman y Andras Uthof, expertos de Cepal, sostienen que la elaboración de una agenda analítica de las reformas y la evaluación de su viabilidad ocupará un lugar prioritario en la política social de los países en los próximos años.
El caso de Chile es tal vez el más estudiado en la región, ya que este país fue el primero en abrir el sistema de Salud a la competencia de los privados en 1983, en el marco de las "modernizaciones" emprendidas por la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90).
Las instituciones de salud previsional (Isapres), creadas en Chile, compiten para captar el porcentaje de siete por ciento de su remuneración que el asalariado debe depositar para su cobertura y los miembros de la familia que dependen de él.
Regidas por criterios de mercado, las Isapres aumentan la calidad de los planes que ofrecen a sus afiliados en relación directa al monto de sus depósitos, que pueden ser incrementados con aportes suplementarios. Es decir, a mayor renta, mejor atención de salud y mayor cobertura de riesgos.
Tras la restauración de la democracia en Chile en 1990 se introdujeron reformas legales que intentan hacer más equitativo el sistema y sobre todo salvaguardar el sistema público, que actúa a través del Fondo Nacional de la Salud (Fonasa).
Esta entidad, que opera con los hospitales y postas públicas, debe garantizar la atención tanto de los trabajadores de bajas remuneraciones, marginados por las Isapres, y de unos 800.000 indigentes en este país de 14 millones de habitantes.
"Las Isapres captan alrededor de 70 por ciento de la cotización previsional de salud para atender a menos de 30 por ciento de la población y Fonasa, a la inversa, con menos de 30 por ciento de los recursos da cobertura a 70 por ciento de los chilenos", dijo a IPS el diputado José Luis González.
"El sistema público, acusado injustamente de ineficiente, subvenciona indirecta o indirectamente al privado, con la prevención, las inmunizaciones y vacunaciones y el pago de subsidios maternales", agregó el médico y diputado del oficialista Partido Por la Democracia.
Los hospitales públicos atienden igualmente en Chile patologías graves que requieren de tecnologías y equipos sofisticados, con los cuales no cuentan la mayoría de las clínicas privadas que operan con las Isapres.
Estas instituciones privadas, en muchos casos excluyen de sus planes la cobertura de enfermedades denominadas catastróficas, como el sida o cáncer, o se niegan a financiar su tratamiento si el paciente las contrajo antes de convertirse en su cliente.
Pese a lo controvertido del ejemplo chileno, la privatización de la Salud está en la agenda de reformas latinoamericanas y ya fue iniciada en otros países, como Colombia, que expidió una ley para esos efectos en 1993.
Para la región es imposible abstraerse de cambios en los sistemas de salud reclamados en todo el mundo y que responden a fenómenos hasta ahora casi exclusivos de países industrializados que comienzan a manifestarse también en otras áreas.
Joseph White, un experto de la Broking Institution que participó en noviembre de 1996 en un seminario de Cepal, señaló a la transición epidemiológica y demográfica, así como a la expansión de costos como determinantes para las reformas en la Salud.
En América Latina y el Caribe se han erradicado antiguas epidemias y aumenta la expectativa de vida, lo cual se traduce en una mayor incidencia en la pirámide demográfica de la llamada tercera edad.
Los avances científicos y tecnológicos permiten hoy ofrecer mejores atenciones, medicinas y tratamientos, pero contrariamente a lo esperado repercuten en un incremento de los costos para los usuarios, indicó White.
El estado sigue siendo protagonista central en la Salud y en los 23 países industrializados de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el aporte público en el gasto total en salud es en promedio de 70 a 75 por ciento.
Aún en Estados Unidos, el país de mayor participación privada en la Salud, el gasto público es de 42 por ciento del total y en Chile, en 1995, el estado cubrió 56 por ciento del gasto en el sector, sin considerar los subsidios ocultos a las Isapres.
Mejorar la administración del sector sobre la base de los incentivos de la competencia es un objetivo tal vez alcanzable mediante la apertura a los privados, pero el sistema pierde universalidad y equidad en términos de cobertura.
"Los países deben superar las fallas de mercado en la Salud con una eficiente gestión pública de regulación, supervisión, provisión y financiamiento", en un sistema que incorpore además la solidaridad como un factor imprescindible, según Cepal. (FIN/IPS/ggr/ag/he/97
