La práctica del aborto en deficientes condiciones sanitarias continúa siendo una de las causas más importantes de mortalidad materna en América Latina, revela el último informe de población del Fondo de Naciones Unidas para la Población (FNUAP).
Según el "Estado de la Población Mundial", divulgado en la sede de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, en América Latina y el Caribe mueren anualmente unas 6.000 mujeres como consecuencia de interrupciones de embarazos realizadas sin los más elementales recaudos.
La cifra es muy inferior a la de Africa (23.000) y Asia, pero muy superior a la de Europa (apenas 100) y Estados Unidos (tan baja que la Organización Mundial de la Salud, OMS, la considera "despreciable").
Se estima que uno de cada seis abortos ilegales que se llevan a cabo en América Latina conduce a complicaciones sanitarias para la mujer que en la mayor parte de los casos derivan en su hospitalización.
En la gran mayoría de los países de América Latina el aborto es ilegal, aunque se lo autoriza en ciertas condiciones excepcionales (por ejemplo violación, malformación grave del feto, o para salvar la vida de la parturienta).
En Cuba, donde esa práctica fue legalizada en 1963 y las operaciones se realizan en consecuencia bajo control médico en centros hospitalarios públicos, la proporción de mujeres muertas como consecuencia de una interrupción del embarazo es la más baja de la región (ocho de cada 100.000).
En Venezuela, el aborto ilegal es causa de ocho por ciento de la mortalidad de mujeres de entre 15 y 22 años.
En Perú, de las 24.600 muertes maternas registradas en 1994, 3.613 se debieron a abortos mal practicados. El Instituto Alan Guttmacher evalúa en cerca de 270.000 las interrupciones ilegales de embarazos practicadas cada año en el país.
El informe del FNUAP relaciona directamente aborto con acceso a métodos anticonceptivos. Cuanto menos la mujer dispone de información sobre esos métodos más recurre al aborto, indica, al tiempo que recalca que jamás el aborto puede ser tomado como un método de planificación familiar.
Los menores niveles de acceso a métodos anticonceptivos se dan en las zonas rurales, las más pobres del subcontinente.
En Bolivia, sólo siete por ciento de las mujeres hospitalizadas a raíz de complicaciones derivadas de abortos ilegales habían empleado métodos antinconceptivos, como el Dispositivo Intra Uterino (DIU), la píldora o los preservativos.
Cuba se sitúa también en este terreno en los primeros lugares. Según la Encuesta Nacional de Fecundidad, 99 por ciento de las mujeres del país de ese país conocen algún método anticonceptivo y 88 por ciento los utiliza regularmente.
También el embarazo precoz, en mujeres de menos de 18 años, está vinculado al acceso a dispositivos anticonceptivos.
"Numerosos gobiernos, en particular de América Latina, están promoviendo planes de educación sobre salud reproductiva y planificación familiar para reducir el embarazo adolescente", constata el FNUAP.
Cita en ese sentido los esfuerzos llevados a cabo en El Salvador, Ecuador y sobre todo en Colombia y Cuba.
En México, donde los indicadores muestran un avance general en cuanto a derechos reproductivos, una dependencia gubernamental especializada fue creada en 1995, pocos meses después de la Conferencia Mundial sobre la Mujer efectuada en Beijing ese mismo año.
De manera general, en América Latina la mortalidad materna ha descendido en los últimas 30 años, aunque desde la década pasada, con el aumento de los niveles de pobreza, la velocidad de reducción de esa variable ha disminuido.
En 1990, de acuerdo a estadísticas de la OMS citadas por el FNUAP, la tasa de mortalidad materna de los países caribeños fue de 408 por 100.000, la de los sudamericanos de 197 por 100.000 y la de los centroamericanos de 137 por 100.000. En América del Norte fue de 11 y en Europa occidental de 17 por 100.000.
En los últimos años en la mayoría de los países latinoamericanos se han elaborado leyes para reprimir con mayor dureza las violaciones, se ha legislado sobre violencia doméstica y se han creado instituciones como las Comisarías de la Mujer.
En Perú, por ejemplo, se abolió una disposición que eximía de sanción a los violadores si se casaban con sus víctimas. Ahora las penas por ese delito pueden llegar hasta la cadena perpetua.
Sin embargo, las mujeres peruanas, como la mayor parte de sus congéneres del resto del subcontinente, poco avance han registrado en cuanto al tratamiento que reciben de parte de las autoridades cuando van a registrar una denuncia de violación o de maltrato doméstico.
Deben concurrir innumerables veces a comisarías y juzgados a repetir sus testimonios, como si hubiera tendencia en los hombres que las reciben a no creerles, según denunciaron organizaciones de mujeres del área.
Las denuncias de casos de violencia doméstica tienden a aumentar fuertemente en todos los países de América Latina, más que nada en razón de una mayor voluntad de las mujeres de hacerlos públicos, según constata el documento del FNUAP. (FIN/IPS/dg/jc/pr/97
