Panamá se convirtió en el primer país de la región en conseguir el anhelado socio externo para explotar y expandir sus telecomunicaciones, tras una licitación pública donde participaron dos poderosas compañías extranjeras.
La firma que se adjudicó la licitación fue la británica Cable and Wireles, que ofertó 652 millones de dólares por el 49 por ciento del paquete accionario de la estatal telefónica Intel, cuyos activos fijos valen 463 millones de dólares.
La otra compañía participante en la licitación, GTE de Estados Unidos, presentó una oferta de 452 millones de dólares. El precio de referencia establecido por Panamá era de 500 millones de dólares.
El otro 49 por ciento de Intel pertenece al Estado y el restante dos por ciento fue dado en fideicomiso a sus 3.700 trabajadores, según la ley orgánica que en 1995 transformó el antiguo ente estatal de telecomunicaciones en una sociedad anónima de capitales mixtos.
Según el balance económico de 1996, Intel obtuvo ganancias por 152.6 millones de dólares durante ese año.
Además de los 652 millones que deberá pagar Cable and Wireles por el 49 por ciento de las acciones del Intel, lo cual le da derecho a dirigir sus operaciones y la parte administrativa, la compañía licitante está obligada por contrato a invertir otros 500 millones de dolares en la modernización de la empresa.
El Estado había obtenido otros 72 millones de dólares por la concesión de la banda A de telefonía móvil celular a la compañía estadounidense South Western Bell, a mediados de 1996.
El ministro de Hacienda y Tesoro, Miguel Heras, afirmó que la cifra obtenida en la licitación "es el precio por habitante más alto ofrecido (en el proceso de privatización) de las telecomunicaciones en latinoamérica".
Panamá cuenta con una población de 2,5 millones de personas y una cobertura telefónica de 12 líneas por 100 habitantes.
La privatización de Intel forma parte de un programa de reformas económicas implementados por el presidente Ernesto Pérez Balladares en 1994, el cual incluyó además una reforma a la legislación laboral, una reforma tributaria y la rebaja o eliminación de aranceles y cuotas de importación.
Tras culminar el proceso de privatización de la compañía de telecomunicaciones, Pérez Balladares planea hacer lo mismo con el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, la compañía de agua potable, dos ingenios azucareros y otros activos estatales.
El vicepresidente de Clabe and Wireles, Geoff Wiggin, afirmó que la elevada oferta que hicieron por el Intel se justifica "en el gran potencial" que presenta esa empresa.
"Aún cuando Panamá es una economía urbana altamente desarrollada con marcadas similitudes con Hong Kong y Singapur, tiene una penetración telefónica de 12 por ciento, lo cual ofrece una magnifica oportunidad de crecimiento", añadió.
"Asimismo, Panamá cuenta con sustanciales flujos de tráfico telefónico hacia Estados Unidos y el Lejano Oriente, lo cual se adapta bien a nuestra estrategia de arraigar nuestras raíces más profundamente en los mercados seleccionados", dijo.
A pesar de lo dicho por Heras, el experto panameño Guillermo Inchausti, afirmó que pese a que Panamá se adelantó a los otros países de América Central y obtuvo ciertas ventajas "el momento ideal para haber vendido fue entre 1992 y 1993 cuando se pagaron cifras astronómicas por las telefónicas de la región".
Actualmente se encuentran en proceso de privatización el 53 por ciento de las acciones de la telefónica de Honduras, 95 por ciento de la de Guatemala, 40 por ciento en Nicaragua y 46 por ciento de las telecomunicaciones de El Salvador.
Sin embargo, en Panamá no es todo oro lo que brilla tras la venta del 49 por ciento de las acciones del Intel.
El secretario general de la Confederación General de Trabajo (CGT), Mariano Mena, indicó que para los únicos que no será rentable la privatización del Intel es para sus trabajadores y los actuales usuarios del servicio telefónico.
Explicó que la nueva estructura tarifaria establecida por el parlamento, que reduce a partir de 1998 el costo de la tasa fija por el uso de las líneas telefónicas, pero instituye una tarifa por el tiempo de uso, dentro de tres años "va a triplicar su costo con respecto a lo que se paga actualmente".
En cuanto a la masa laboral de Intel, Mena precisó que Cable and Wireles planea reducir la actual planilla.
La versión de Mena fue refrendada por el ex vicepresidente de Panamá Ricardo Arias Calderón, quien estimó que el dinero ofertado por la Cable and Wireles "saldrá de los bolsillos de los panameños a quienes les aumentarán las tarifas de teléfono". (FIN/IPS/sh/ag/97
