Organizaciones étnicas de todo Chile ocuparon el martes 29 en Temuco la sede de la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), en rechazo a la remoción de su director, ligada al conflicto ambiental por la construcción de centrales hidroeléctricas en el río Bíobio.
Uno de los dirigentes de la "toma", José Santos Millao, líder de la Asociación de Organizaciones Mapuches, demandó desde Temuco, 673 kilómetros al sur de Santiago, explicaciones del gobierno sobre el despido de Mauricio Huenchulaf, director de Conadi.
El presidente Eduardo Frei removió a Huenchelaf el viernes último por supuestas irregularidades en la asignación de viáticos y pagos excesivos en la compra de tierras que fueron restituidas a comunidades mapuches en el sur del país.
Grupos ecologistas y organizaciones indígenas sostienen, sin embargo, que Huenchelaf fue destituido a raíz de la firme oposición de Conadi a la construcción de las represas hidroeléctricas en tierras ancestrales de la comunidad pehuenche.
Frei respalda abiertamente al consorcio Endesa, que inauguró en marzo en el curso superior del río Bíobio, 500 kilómetros al sur de Santiago, la central Pangue y que construye una segunda hidroeléctrica, llamada Ralco.
El Banco Mundial, que sirvió de aval para los créditos internacionales concedidos a Endesa en la construcción de Pangue, acusó en febrero al consorcio de incumplir compromisos ambientales y sociales en favor de los pehuenches.
Endesa zanjó la polémica con el Banco Mundial y su Corporación Financiera Internacional (CFI) pagando anticipadamente los créditos y anunciando que no recurriría a estos organismos en la búsqueda de créditos para Ralco.
Bajo la orientación de Huenchelaf, Conadi rechazó el 18 de junio de 1996 la permuta de las tierras de dos comunidades pehuenches que serán inundadas por la represa de Ralco y que están protegidas por la Ley de Desarrollo Indígena de 1992.
Endesa planea construir cinco centrales en el Bíobio, el río más caudaloso e importante de Chile, para lo cual debe desplazar a los pehuenches, quienes habitan ancestralmente esas tierras en los contrafuertes de la cordillera de Los Andes.
La Ley de Desarrollo Indígena, expedida por el presidente Patricio Aylwin (1990-94), garantiza a las comunidades étnicas la posesión de sus tierras y autoriza a Conadi a iniciar acciones legales para impedir la afectación o permuta de las mismas.
Las organizaciones ecologistas e indígenas sostienen que los proyectos de Endesa en el Bíobio destruirán un ecosistema único en el mundo y significan un etnocidio cultural al desplazar de su hábitat a la comunidad pehuenche, una rama de los mapuches.
Conadi, creada bajo el gobierno de Aylwin, cuenta con un consejo nacional, compuesto por ocho delegados de los pueblos índigenas y ocho representantes del gobierno, que en junio de 1996 coincidieron en declarar ilegal al proyecto Ralco.
El verdadero propósito de la remoción de Huenchelaf es "intervenir" Conadi y "quebrantar" la resolución en contra del proyecto Ralco, afirmaron siete de las principales organizaciones ecologistas del país en una declaración conjunta.
Este hecho reviste la "mayor gravedad", dijeron los grupos ambientalistas, que exigieron al gobierno respeto por los pueblos ancestrales y llamaron a movilizaciones en defensa de la ley que protege los derechos de las comunidades indígenas.
El plan de centrales de Endesa en el alto Bíobio sacó a luz desde sus orígenes los conflictos entre las normas que estimulan la inversión en megaproyectos y los planes de desarrollo energético, por una parte, y las leyes de defensa de los indígenas y el ambiente, por otra.
Los ambientalistas acusan a Frei de tomar abiertamente partido en esta pugna por los empresarios y en particular por Endesa, el mayor consorcio eléctrico del país, con inversiones no sólo en Chile, sino también en Argentina, Perú y Brasil.
El viernes se oficializó también la remoción del subdirector de Convida, Víctor Hurgo Painemal, quien estaba sumariado por orden de Huenchulaf a raíz de supuestos pagos excesivos por unos 300.000 dólares en las compras de tierra.
Roberto Pizarro, ministro de Planificación, de quien depende Conadi, aclaró que ni este caso ni el supuesto pago desmedido de viáticos configuran una "corrupción mayor" y son más bien episodios de "desorden administrativo" y "desapego a formalidades".
Estos antecedentes hicieron aumentar las sospechas de que la remoción de Huenchelaf sea más bien una operación política destinada a garantizar la aprobación del proyecto Pague, cuyo estudio de impacto ecológico está bajo análisis de la Comisión Nacional de Medio Ambiente.
Este martes debe asumir la dirección de Conama el abogado Domingo Namuncura, quien es militante del cogobernante Partido Por la Democracia, al igual que Hunchulaf.
Painemal es en cambio miembro del partido del presidente Frei, la Democracia Cristiana, que aún no determina quien será el nuevo subdirector general de Conadi.
Namuncura estimó que la acción en Temuco no es propiamente una "toma", ya que los indígenas estarían ocupando "su propia casa", y prefirió calificar la ocupación de las oficinas de Conadi como un "encuentro de reflexión". (FIN/IPS/ggr/ag/en- pr/97
