El gobierno de Chile aprobó nuevas disposiciones que hacen obligatorios los estudios de impacto ambiental para nuevos proyectos con posibilidades de dañar el equilibrio ecológico.
Como resultado, algunos grandes proyectos antes aprobados por el gobierno podrían ahora terminar en manos del poder judicial.
La disposición "es un mojón para las leyes ambientales de nuestro país, y prevendrá el impacto ambiental no deseado del desarrollo", dijo Vivienne Blanlot, directora de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), organismo de protección de la naturaleza de Chile.
El gobierno creó CONAMA a comienzos de esta década, y le atribuyó la tarea de revisar los proyectos potencialmente contaminantes sobre la base de los estudios de impacto ambiental presentados por las empresas.
El problema con los estudios de impacto ambiental es que fueron voluntarios hasta ahora, y que muchos de ellos se escabulleron por las flojas redes del gobierno.
Chile está bien dotada con recursos naturales, con valles fértiles y recursos de agua y minerales, y el país es uno de los destinos más elegidos por compañías internacionales.
Pero muchos proyectos han sido perjudiciales para el medio ambiente, y el gobierno a menudo enfrentó denuncias de activistas, mientras evitaba alejar la inversión extranjera.
La inversión extranjera alcanzó 6.170 millones de dólares en 1996, mientras en 1995 fue 4.330 millones de dólares. Casi tres cuartos de toda la inversión de 1996 (4.590 millones de dólares), se dirigió a plantas y maquinaria, el sector que más alarma a los ambientalistas.
Fue necesario un veredicto judicial para alterar las reglas del juego. En marzo, la Suprema Corte anuló la aprobación por parte del gobierno de un proyecto forestal, y cuestionó la autoridad legal y la efectividad de CONAMA, obligando al poder legislativo a adoptar la nueva disposición en abril.
El caso involucró un proyecto por 200 millones de dólares de la empresa con sede en Washington Trillium Corporation, para forestar y talar lenga, una madera fina nativa de la región de Tierra del Fuego.
La empresa, ansiosa por iniciar el proyecto en agosto, presentó un estudio de impacto bajo el sistema voluntario. Un comité técnico del gobierno que lo revisó encontró grandes errores, afirmando por ejemplo que la empresa no especificó dónde y cuánta madera planificaba talar.
Pero Trillium fue aprobada, para disgusto de ambientalistas que llevaron el caso a la corte.
En teoría, la decisión de la Suprema Corte cuestionó la legalidad de otros 100 proyectos aceptados por CONAMA antes de la aprobación de la nueva resolución.
Sólo el año pasado CONAMA aprobó 3.400 millones de dólares en nuevos proyectos. Pero todo indica que sólo unos pocos planes polémicos serán cuestionados.
Fernando Dougnaci, abogado ambientalista que ganó el caso Trillium, se opone ahora a una planta de pulpa por 1.000 millones de dólares planificada por uno de los mayores productores de madera de Chile, y a una central eléctrica en Santiago.
Representantes de empresas e industrias atacaron el nuevo reglamento. Pedro Lizana, presidente de Sofofa, la asociación de manufactureros, afirma que el mismo socava la credibilidad del gobierno y crea "una atmósfera de incredulidad para el sector privado".
La corporación Trillium dijo el 20 de marzo que "invertimos en Chile por su estabilidad política y económica y su interés en establecer líneas claras de protección del ambiente, así como por el respeto irrestricto a la propiedad privada".
"Sin embargo", añadió, "nos encontramos atrapados en una disputa legal (…) Los inversores y el ambiente quedaron desprotegidos".
La decisión judicial se produjo en momentos en que otra fuerte propuesta de una de las mayores empresas chilenas aguarda el sello de CONAMA.
La Empresa Nacional de Electricidad (Endesa), primer productor del país, pretende construir la segunda de una serie de plantas hidroeléctricas en el río BioBío, en la octava región, el cual nace unos 400 kilómetros al sur de Santiago.
La primera represa, de 450 megavatios, ya está en funcionamiento, y comenzó el trabajo preliminar en la segunda y más grande, llamada Ralco.
Ambas recibieron la oposición radical de activistas, según quienes las represas destruirán flora y fauna únicas y amenazarán la cultura de la comunidad indígena pehuenche.
Incluso la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, donante para Pangue, está descontenta, y amenazó con declarar a Endesa indigna de 150 millones de dólares restantes en préstamos, afirmando que la compañía no cumple con condiciones ambientales y sociales acordadas previamente.
Mientras, a diferencia de sus esfuerzos por crear una política nacional ambiental consistente, el gobierno parece hacer lugar a un plan para implementar normas internacionales para la gestión ambiental.
El gobierno se prepara para asumir la serie de 14.000 normas voluntarias de gestión ambiental y sistemas de auditoría de la Organización Internacional de Normas (ISO).
Además, planifica acreditar a empresas que cumplen con esas normas, en general referidas a la minería, la pesca y la forestación, y se proponen exportar a países en los cuales las normas son obligatorias. (FIN/PANOS/tra-en/hw/dds/lp/en/97)
——— (*) IPS pone a disposición de sus suscriptores este material por un acuerdo de distribución con la institución internacional de comunicación Panos Features, de Londres
