Agencias de ayuda humanitaria de la UE y la ONU demandaron hoy al gobierno y la alianza insurgente de Zaire que permitan la entrega de asistencia de emergencia a miles de refugiados atrapados en la selva ecuatorial del país.
La apelación, presentada en una declaración conjunta, fue emitida por varias agencias de ayuda, incluyendo la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea (ECHO).
La declaración fue firmada por Emma Bonino, comisaria de Asuntos Humanitarios de la Unión Europea (UE), Sadako Ogata, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, Carol Ellay, directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, y Catherine Bertini, directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos.
El documento urgió al gobierno de Zaire y a la insurgente Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación de Congo-Zaire (ADLF), a permitir a trabajadores de ayuda humanitaria alcanzar y asistir a los zaireños refugiados y desplazados en la zona de guerra.
Además, hizo un llamado a la comunidad internacional a ejercer presión sobre dirigentes zaireños para otorgar asilo a refugiados y permitir el retorno a quienes deseen regresar a Ruanda.
La apelación fue hecha sólo dos días después que Zaire ordenara la expulsión de 40 trabajadores humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por retirarse hace una semana de la ciudad de Kisangani, al este.
El gobierno dijo que la partida desató una supuesta carnicería de 25.000 ruandeses hutu y zaireños desplazados.
Un total de 57 trabajadores de la ONU y organizaciones no gubernamentales se retiraron de la tercera ciudad de Zaire, denunciando acoso del ejército rebelde, de mayoría tutsi, y creciente inseguridad. No hubo una confirmación independiente de los asesinatos.
No obstante Bélgica, ex potencia colonial de Zaire, afirmó que la ADFL había asegurado que las agencias humanitarias tendrían libertad de movimiento en el territorio bajo su control.
La respuesta positiva del ADFL parece haberse producido tras una solicitud a la alianza del ministro de Relaciones Exteriores de Bélgica, Erick Derucke, para que cooperar con las agencias de ayuda de emergencia.
La ADFL, que lanzó su guerrilla hace cinco meses, controla ahora más de un cuarto de Zaire, en general territorios fronterizos con Uganda, Rwanda y Burundi. Más de 300.000 refugiados viven ahora en el territorio.
Del total, alrededor de 100.000 refugiados se distribuyen a lo largo de una ruta de 95 kilómetros entre Ubundu y Kisangani, centros logísticos de las operaciones humanitarias en el este de Zaire. Estos son remanentes de 170.000 de campos en Tingi-Tingi y Amisi.
Más de 800.000 refugiados, muchos implicados en el genocidio en que murió hasta un millón de personas en 1994, regresó a Ruanda a fines del año pasado, cuando el ADFL invadió sus campos en Goma, al este de Zaire. Otros huyeron al norte.
Ogata urgió a la ADFL a mantener su palabra y abrir corredores humanitarios para permitir que los refugiados regresen a sus hogares en Ruanda.
La ADFL sólo permite el acceso restringido al Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC), y la ayuda humanitaria está restringida a algunos puntos en la línea entre Kisangani y Ubundu.
El ICRC afirma que unos 15.000 refugiados, en la ruta que une Ubundu y Kisangani, están acampados en Lula, siete kilómetros al sur de Kisangani. Soldados de la ADFL les negaron la entrada a la ciudad y pretenden su regreso a Ubundu.
El ICRC afirma que miles de otras víctimas del conflicto de Zaire, Ruanda y Burundi aún están dispersas por todo el este de Zaire, y necesitan asistencia urgente.
La apelación a permitir el pasaje de alimentos se produce en momentos en que las fuerzas rebeldes amenazan la segunda ciudad de Zaire, Lubumbashi. (FIN/IPS/tra-en/ns/mn/lp/ip-pr/97
