El gobierno de Venezuela incrementará el ingreso mínimo de los trabajadores el primero de mayo, aseguró hoy la ministra del Trabajo, María Bernardoni, aunque aun no es claro si el aumento será salarial o mediante un bono especial.
El incremento del represado salario mínimo está atado a la aprobación por el parlamento bicameral de un cambio en el régimen laboral, que parece difícil que pueda estar listo para el 1 de mayo, como prometió el gobierno a los trabajadores.
"El gobierno cumplirá esa promesa" por la vía natural del incremento del salario mínimo, o por la de un bono transitorio o un instrumento similar si ésto no es posible, dijo la ministra en un diálogo con corresponsales extranjeros.
Por cálculo político, el gobierno del democristiano independiente Rafael Caldera no quiere indicar cuál será el salario mínimo definitivo hasta que la reforma laboral salga del parlamento, porque su anticipo perturbaría la compleja discusión sobre el proyecto, trabajosamente concertado el 17 de marzo.
En Venezuela el salario mínimo está fijado en el equivalente a 31,6 dólares, al que se suman una serie de bonos, hasta llegar a un ingreso mínimo de 110 dólares mensuales, que es lo que gana 52 por ciento de los empleados en el sector formal de la economía.
Otro dato de la realidad es que sólo seis por ciento de la población activa ocupada en los sectores publico y privado gana más de 422 dólares, según recordó la ministra, de 49 años y proveniente del sector académico.
La distorsión del ingreso, en que sólo una mínima parte es salario, se origina en un sistema de prestaciones acumuladas por el trabajador, que las recalcula al último salario y las multiplica por todos los años laborados, al momento del cese.
La ministra insistió que ese sistema, establecido 27 años atrás en momentos de bonanza petrolera y muy baja inflación, se ha convertido en una espada sobre el empleo y el costo laboral de las empresas, cuando el país vive una mezcla de recesión y desbordada inflación, que llegó en 1996 a 103,7 por ciento.
Las cúpulas del empresariado, los sindicatos y el gobierno – gran empleador interno- llegaron a una concertación tripartita, que impulsó desde noviembre el ministro de Planificación, el socialista Teodoro Petkoff, y que cierra un debate de nueve años.
Ese acuerdo establece el fin del recálculo de todos los derechos adquiridos al último salario, a cambio de un incremento en esos mismos derechos y una compensación de transferencia del régimen, pagadera por los empleadores en cinco años.
Al mismo tiempo, la flexibilización laboral está acompañada de una reforma del sistema de seguridad social venezolano, colapsado y corrupto, que mejorará la asistencia de salud y las pensiones, mediante un sistema mixto, con una base solidaria y obligatoria, más fondos privados adicionales y optativos.
Los empresarios locales e inversores extranjeros centraron en la modificación de la llamada retroactividad de las prestaciones laborales acumuladas la posibilidad de mejorar los salarios, aumentar el empleo, fluir la inversión y, en definitiva, alzar la competitividad productiva del país.
La ministra indicó que el sistema de prestaciones indexadas, según los empresarios en forma doble, tenía su razon en que representaba el gran beneficio laboral, "para soportar la deficiencia del sistema de protección social", calificado de inoperante, sobre todo en la última década.
Pero para la masa laboral, la ansiedad del momento se centra en tener mayores salarios para poder enfrentar una alza del costo de la vida que ha precarizado su ingreso, de manera que instituciones del gobierno admiten que 80 por ciento de la población vive en pobreza, y casi la mitad en miseria.
Eso sucede mientras Venezuela, con 22 millones de habitantes, tuvo en 1996 ingresos por exportaciones de casi 23.000 millones de dólares y un superávit comercial de 12.000 millones.
Cifras del Banco Interamericano de Desarrollo indican que el ingreso real de los venezolanos cayó 40 por ciento en los últimos dos años.
La población económicamente activa del país se sitúa en torno a los 8,8 millones de personas, de los cuales la mitad están en el sector informal de la economía, por lo que no son atendidos por la legislación laboral.
Del los 4,4 millones de empleados, 12,7 por ciento estaba desempleada al concluir 1996, según cifras oficiales, que el sector sindical duplica al hablar de desempleo abierto.
El país soporta tres años recesivos, que sólo en 1997 comienzan a revertirse. El ministro de Hacienda, Luis Matos, afirmó este lunes que durante el primer trimestre la economía no petrolera creció uno por ciento.
Bernardoni precisó que si la reforma laboral logra detener la caída del empleo y pasar a sector formal parte de los ocupados en el área informal se habrá logrado uno de sus objetivos tangibles.
Insistió en que la generación de empleo es sobre todo tarea de los empresarios privados, que ahora ya pueden calcular sus costos laborales presentes y futuros sin la incertidumbre de la que se quejan desde que la inflación dejó de ser una variable controlada.
La ministra, en el cargo desde hace dos meses pero viceministra durante los tres años del actual gobierno, admitió que si la población no viera cumplida la promesa de un aumento del salario, o al menos el ingrseo, desde mayo, la tensión social podría complicarse en un escenario ya volátil.
Bernardoni, considerada una de las mayores "carpinteras" del acuerdo tripartito, aseguró que confía en que los partidos presentes en el muy fragmentado Congreso -del cual el gobierno controla sólo 20 por ciento- sabrán entender lo positivo e histórico de la reforma.
La modificación legislativa de la Ley Organica del Trabajo fue introducida por Bernardoni al parlamento el día 8 y de inmediato comenzaron a perfilarse posiciones muy enfrentadas, pese a que las fuerzas sindicales que aprobaron el acuerdo están dominandas por los mayores partidos políticos. (FIN/IPS/eg/dg/lb-if/97
