Un obispo uruguayo ofreció el secreto de confesión para que los militares identifiquen las tumbas clandestinas de 32 detenidos-desaparecidos, y su propuesta puede convertir a la Iglesia Católica en árbitro de un caso polémico.
La iniciativa del obispo Pablo Galimberti recibió el respaldo delresto de los integrantes de la Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU) y abrió un camino que parece no tiene precedentes internacionales como alternativa a los debates políticos y jurídicos.
Uno de los integrantes de la CEU, que pidió reserva de su nombre, indicó a IPS que una de las características del pontificado de Juan Pablo II ha sido la de impulsar el papel mediador de la iglesia católica.
La Iglesia Católica ha estado presente en varios debates sobre los derechos humanos en América Latina, "pero asumió tuvo el papel protagónico que ahora podría tener", dijo el obispo.
La polémica sobre los desaparecidos resurgió en Uruguay a fines de marzo, tras un referendum realizado en abril de 1989, que confirmó la ley promulgada casi tres años antes para exonerar de responsabilidad penal a los militares señalados como culpables de las violaciones.
Una denuncia del senador Rafael Michelini, del centroizquierdista partido Nuevo Espacio, desató un paquete que los autores de la ley, los mayoritarios partidos Colorado y Nacional (o Blanco) creían cerrado para siempre.
La norma prohibe investigar a militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos por hechos cometidos hasta el 1 de marzo de 1995, fecha de la formal restauración del régimen democrático suprimido por el golpe de Estado de 1973.
Según dijo Michelini, un militar le confió que tumbas de desaparecidos ubicadas en dos unidades militares fueron removidas luego de marzo de 1985.
Ese dato abrió una inesperada puerta jurídica y el juez Alberto Reyes decidió investigar el caso, con la oposición de la fiscal Ana Merello.
La fiscal considera que la investigación resuelta por Reyes no está permitida por la ley refrendada en 1989, salvo que el Poder Ejecutivo la decida.
El enfrentamiento jurídico será resuelto por un tribunal de apelaciones, que dispone de casi cuatro meses para expedirse sobre una situación que tiene en vilo a los familiares de los 32 desaparecidos en este país.
En medio de la polémica entre dirigentes políticos y de críticas y elogios al juez, el obispo Galimberti propuso que mediante el secreto de confesión los militares "se avengan entregar los cadáveres a familiares, explicando cuándo, dónde y cómo murieron los detenidos-desparecidos".
Galimberti admitió "lo difícil y delicado" de la gestión que ofreció, pero indicó que le "consta' que algunos familiares aceptaron "no remover más esas heridas" si se producen las revelaciones.
El sacerdote recordó que "la iglesia tiene miembros cristianos en todos los frentes y su actitud es de mediadora".
El general retirado Alberto Ballestrino, el testigo de quien Michelini dijo haber recibido la información sobre el lugar de las tumbas clandestinas, es un católico devoto.
Alberto Volonté, uno de los lídres del Partido Nacional y principal respaldo del presidente Julio Sanguinetti en el gobierno de coalición, dio su "bienvenida" a la propuesta de la iglesia.
"No hay quien no aprecie el esfuerzo que se hace para que se pueda llegar un día, por parte de quienes tuvieron la inmensa desgracia de perder un familiar querido, a reunirse con sus restos", dijo Volonté.
Juan Andrés Ramírez, del mismo partido, y al igual que Volonté, precandidato para las elecciones nacionales de 1999, también apoyó la iniciativa de Galimberti, que "toca un aspecto que no ha sido tenido en cuenta por el mundo político".
Al mismo tiempo, Ramírez puso en duda que un fallo judicial pueda solucionar la cuestión de los desaparecidos.
"No creo que la justicia esté en condiciones de encontrar una solución, (porque) hay un círculo de silencio muy difícil de romper para saber dónde están enterrados los cuerpos", advirtió.
El senador Alberto Curiel, del izquiedista Frente Amplio, también se declaró "satisfecho" con la propuesta de la iglesia, y dijo que si la iniciativa del obispo contribuye a conocer la verdad, "bienvenida sea".
Diferente fue la reacción del Partido Colorado, de Sanguinetti.
Luis Brezzo, uno de los principales representantes del Partido Colorado en el Senado, dijo que la propuesta lanzada por Galimbertti "no es una buena idea".
"Tenemos leyes, amnistías votadas, consultas populares y todo eso vale. Todo esto son intentos para rodear lo que ya está resuelto por la vía legal y en todo caso, lo que se resolverá, será también por esa vía", dijo Brezzo, confiado en el fallo del tribunal que dirimirá la pugna entre el juez y la fiscal.
Brezzo recordó que en la sociedad uruguaya "no somos todos integrantes de la Iglesia Católica", y pidió "cordialmente" a Galimberti "que ayude a trabajar mirando hacia adelante y tratando de construir la paz todos juntos".
Efraín Olivera, integrante del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), dijo a IPS que esa organización humanitaria aún no analizó la propuesta de la iglesia.
Mientras, Serpaj continúa organizando movilizaciones destinadas a conocer el destino de los desaparecidos. (FIN/IPS/rr/ff/hd/97
