El código de conducta acordado entre fabricantes estadounidenses de ropa y grupos laborales y de derechos humanos "mejorará la vida de millones de trabajadores de la vestimenta en todo el mundo", aseguró hoy el presidente Bill Clinton.
El acuerdo fue oficialmente comunicado este lunes en la Casa Blanca, donde Clinton exhortó a todos los fabricantes de vestimenta y calzados a acatar el código, que establece condiciones mínimas para las empresas estadounidenses y sus contratistas, en el país y en el extranjero.
El código, fruto de ocho meses de negociaciones, obliga a los fabricantes a ceñirse a las leyes sobre salario mínimo y trabajo infantil, además de fijar un límite de 60 horas semanales de trabajo para los empleados.
Así mismo, establece la creación de una nueva asociación que se encargará de la aplicación del código y de la aprobación de organismos independientes que controlarán su cumplimiento.
Algunos grupos defensores de los derechos de los trabajadores señalaron que el acuerdo es demasiado débil, pero sus defensores argumentan que se trata de un primer paso fundamental hacia la mejora de las condiciones de trabajo en una industria mundial que históricamente ha sido identificada con la explotación.
"Este acuerdo marca un hito", afirmó Charles Kernaghan, director del Comité Nacional del Trabajo, un grupo neoyorquino que ganó publicidad nacional el año pasado tras denunciar abusos en fábricas de Haití y América Central, donde se producían prendas de famosas marcas como Walt Disney Co. y Gap.
Al igual que otros activistas a favor y en contra del código, Kernaghan, quien no participó de las negociaciones, advirtió que aún se debe trabajar mucho más, especialmente para garantizar que los observadores acreditados por la nueva asociación sean verdaderamente independientes de las empresas interesadas.
El código, que ya fue adoptado en su mayor parte por las compañías participantes del acuerdo, prohíbe el uso de trabajo forzado o infantil, definido este último como el de menores de 15 años, a menos que las leyes locales permitan trabajar desde los 14.
También prohíbe el abuso sexual, físico y verbal contra los trabajadores por las compañías o sus contratistas locales, los cuales deben también respetar el derecho de sus empleados a formar sindicatos.
En cuanto a la remuneración del trabajo, los empleadores deberán pagar "al menos el salario mínimo requerido por la ley local o el salario prevaleciente en la industria, el que sea mayor".
Esta disposición fue criticada por varios grupos de derechos laborales, que citaron casos de países en desarrollo como Haití y Vietnam donde el salario mínimo no alcanza para la subsistencia y argumentaron que los negociadores externos a las empresas debieron haber luchado por un "salario suficiente para vivir".
"Muchas compañías se instalan en países que deliberadamente fijan el salario mínimo por debajo del nivel de subsistencia para atraer inversores extranjeros", sostuvo Medea Benjamin, directora del grupo Intercambio Mundial, de San Francisco.
El código también establece que no se podrá requerir a los empleados que trabajen más de 48 horas semanales regulares y 12 horas extraordinarias, excepto "en circunstancias comerciales anormales". El tiempo extraordinario de trabajo deberá pagarse por encima del regular.
Esta disposición también fue atacada por los críticos, quienes argumentaron que "circunstancias comerciales anormales" podrían justificar mucho más de 60 horas de trabajo por semana, y que el tiempo extra debería pagarse al menos 50 por ciento más que las horas regulares.
Sin embargo, ahora que el código está aprobado, la atención se centrará en la composición y el trabajo de la nueva asociación, ya que la implementación del código será decisiva para su éxito, según analistas.
El grupo de trabajo que produjo el acuerdo, la Sociedad de la Industria de la Ropa, fue establecido el año pasado por la Casa Blanca tras una ola de escándalos -generada en gran parte por el Comité del Trabajo- sobre abusos producidos en fábricas de vestidos y calzados poseídas o contratadas por estadounidenses.
Algunas encuestas demostraron que a 70 por ciento de los consumidores estadounidenses les preocupa que la ropa que compran sea producida en condiciones justas y seguras para el medio ambiente.
Copresidieron el grupo de 20 miembros Linda Golodner, presidenta de la Liga Nacional de Consumidores, y Roberta Karp, abogada defensora de la empresa de ropa femenina Liz Claiborne.
Otras compañías representadas fueron Phillips-Van Heusen, Nike, L.L. Bean, Patagonia, Tweeds, Reebok International Ltd. y Warnaco, que finalmente decidió no acompañar el resultado del acuerdo.
También participaron de las negociaciones el Sindicato de Empleados de la Industria Textil y de la Vestimenta (UNITE), el Fondo Internacional de Derechos Laborales, el Comité de Abogados por los Derechos Humanos y el Centro Robert Kennedy por los Derechos Humanos, entre otros. (FIN/IPS/tra-en/jl/ml/lb-hd/97
