Annanciata Nyiratamba es una de los cientos de trabajadores sociales que intentan recomponer la vida destrozada de las viudas de Ruanda, cuyos esposos fueron asesinados en el genocidio de 1994.
Nyiratamba, sobreviviente de la matanza, dirige un proyecto denominado Asociación de Viudas del Genocidio, en la capital de Ruanda, Kigali.
Su trabajo incluye la recaudación de fondos para construir viviendas para las viudas y cerrar las heridas abiertas por la violencia de los extremistas hutus, que entre abril y julio de 1994 asesinaron a casi un millón de personas, entre tutsis y hutus moderados.
Se calcula que hay 300.000 viudas del genocidio, y muchas se ellas se reúnen periódicamente para recibir consejo profesional.
"Nos reunimos para llorar porque no lo hicimos antes, para confortarnos mutuamente porque nadie lo había hecho antes, y para formar una familia, porque ya no tenemos la nuestra", explicó Nyiratamba el domingo, en una conferencia realizada en Londres en ocasión del tercer aniversario del comienzo del genocidio
Nyiratamba, una de tres sobrevivientes que viajaron a Londres para hablar sobre el genocidio, dijo que la mayoría de las mujeres ruandesas muertas a machetazos por los soldados y los milicianos hutus no fueron sepultadas.
"Algunas fueron devoradas por los perros. Otras vieron cómo arrojaban a sus hijos a letrinas colectivas, y algunos jóvenes fueron obligados a violar a sus propias madres, antes de que éstas fueran asesinadas", declaró.
Ernest Sagaga, presidente de la Asociación Cultural Anglo- Ruandesa (ARCA), exhortó a la comunidad internacional a ayudar a las viudas y a los 120.000 huérfanos de Ruanda.
"Estas personas necesitan toda la ayuda posible. Más importante aún, desean que nosotros tomemos conciencia de lo que pasaron, para que podamos informar sobre su sufrimiento", señaló Sagaga.
Sagaga, cuya organización copatrocinó la conferencia junto con la Universidad de Londres, instó a la comunidad mundial a obligar a los países que albergan a los responsables del genocidio a entregarlos a la justicia de Ruanda o al tribunal internacional creado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Arusha, Tanzania.
Unos 90.000 sospechosos están detenidos en Ruanda, a la espera de juicio, según las organizaciones de derechos humanos. Once ya fueron sentenciados a muerte.
Pero el tribunal de la ONU en Arusha no procesó todavía ningún caso.
Oliver Furley, investigador de la británica Universidad de Coventry, destacó que el lento proceso de la justicia en Ruanda provocó asesinatos por venganza.
Pero el embajador de Ruanda en Gran Bretaña, Zak Nsenga, aseguró que su gobierno reprime a quienes intentan aplicar la ley por su cuenta. "Varios soldados" fueron ejecutados en Ruanda desde 1994 por su responsabilidad en esos actos de venganza, informó el diplomático.
Así mismo, dijo que más de 2,5 millones de refugiados volvieron a Ruanda desde las vecinas Zaire, Uganda, Burundi, Tanzania y Kenia desde el derrocamiento en julio de 1994 del régimen extrenmista hutu.
"Desde entonces, la situación de los derechos humanos mejoró mucho", afirmó.
"Nadie quiere venganza. Tomar venganza significaría comportarse de la misma manera en que lo hicieron los genocidas en 1994", advirtió Nyiratamba. Agregó que las viudas de Ruanda aguardan que la justicia siga su curso.
La crisis étnica en Ruanda estalló en 1990, cuando rebeldes tutsis invadieron el país desde Uganda. Los hutus -85 por ciento de la población- rechazaron la exigencia tutsi de compartir el poder.
La situación quedó fuera de control en abril de 1994, debido a la muerte del presidente Juvenal Habyarimana en un accidente de aviación que algunos atribuyeron a un atentado. (FIN/IPS/tra- en/mn/rj/aq-ff/hd/97