Uruguay, el único país latinoamericano que tuvo fricciones con Perú a causa de la toma de la embajada de Japón en Lima por un comando guerrillero, intenta recomponer las relaciones bilaterales tras la resolución de la crisis.
Las rencillas entre ambas naciones estallaron luego que el embajador de Uruguay en Perú, Tabaré Bocalandro, uno de los cientos de rehenes tomados en un primer momento por el Movimiento Revolucionario Tupac Aamaru (MRTA), fuera liberado por los insurgentes.
La iniciativa del comando guerrillero se produjo a fines de diciembre, muy pocas horas después de que la justicia uruguaya negara la extradición a Perú de dos militantes del MRTA detenidos en Montevideo.
En Perú se acusó al gobierno uruguayo de haber cedido al "chantaje" de los insurgentes para preservar la vida y la libertad de Bocalandro, al tiempo que en Montevideo, el Poder Ejecutivo insistió en que la justicia actuó en total independencia, "como es habitual en un país democrático".
Malestar similar al peruano expresó Japón, al punto que el canciller uruguayo Alvaro Ramos debió viajar a Tokio para explicar la posición del gobierno de Julio Sanguinetti.
Dirigentes del Partido Colorado, gobernante en Uruguay, opinaron incluso que Fujimori, que en 1992 disolvió el parlamento y reorganizó el sistema de justicia, "no comprende" que los poderes Judicial y Ejecutivo operan por separado.
Investigaciones de medios periodísticos de Montevideo revelaron, no obstante, que el gobierno presionó de diversa forma al tribunal que trató el caso para que la extradición de los dos presuntos guerrilleros peruanos fuera rechazada y los acusados liberados.
Fuentes de la cancillería señalaron este jueves al rotativo uruguayo El Diario que apenas finalizada la crisis con la intervención armada en la embajada, la liberación de 71 de los 72 cautivos que aun retenía el MRTA y la muerte de los 14 guerrilleros ocupantes, se iniciaron contactos "informales" entre ambos países para limar asperezas.
"La recomposición de relaciones dependerá de las señales que dé (el presidente de Perú Alberto) Fujimori", indicaron esas fuentes.
Por el momento, el embajador de Perú en Montevideo, Guillermo del Solar, permanece en Lima, hacia donde partió el 25 de diciembre convocado por su gobierno, al abrirse la crisis entre los dos países.
"Su regreso no está previsto en virtud de que se está considerando el hecho de recomponer relaciones con Uruguay", comentó a El Diario Efraín Saavedra, ministro consejero de Negocios de la embajada peruana.
Bocalandro, mientras tanto, ya no retornaría a Perú y sería designado para otro destino, probablemente Panamá.
Sanguinetti ya dio un paso en dirección de Perú cuando envió a Fujimori desde China, donde se encontraba en visita oficial, una carta para felicitarlo por su paciencia y firmeza y expresarle su satisfacción por la liberación de los 71 rehenes.
"Ojalá que este episodio sirva de lección a quienes aún piensan en el recurso a la violencia como instrumento político, que tanto ha costado a nuestra querida América Latina", agrega el jefe de Estado.
Así y todo, este miércoles en una conferencia de prensa Fujimori tuvo expresiones interpretadas en Montevideo como un posible ataque velado a Uruguay.
Tras haber agradecido a Bolivia "por el apoyo que brindó siempre" a su gobierno a lo largo de la crisis, Fujimori recordó que es presidente de un país "que no recurre al chantaje de negociar con terroristas".
El encargado de negocios peruano se manifestó, no obstante, convencido de una pronta solución al diferendo estallado en diciembre y mencionó la posibilidad de un encuentro entre Fujimori y Sanguinetti.
Por otra parte, la policía uruguaya decidió este jueves reforzar la vigilancia de la embajada peruana en Montevideo así como sobre los dos supuestos militantes del MRTA liberados en diciembre, Luis Samaniego y Sonia Silvia Gora.
Respecto a la situación de ambos ciudadanos peruanos, la organización que los atiende, el Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana, señaló este miércoles que debe haber una "definición" de parte del gobierno nacional.
Samaniego y Gora, que están indocumentados en Montevideo, reclaman que se les conceda el asilo político en Uruguay o que se les deje abandonar el país.
"Por ahora permanecen en el anonimato y esperamos que a la luz del desalojo de la embajada en Lima nada les ocurra a ellos. No tiene por qué pasarles nada", comentó el abogado de ambos, Gustavo Puig. (FIN/IPS/dg/ff/ip/97
