La organización internacional Human Rights Watch (HRW) acusó al organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encargado de proteger a los refugiados de forzar repatriaciones en Africa y Asia.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) perdió de vista su mandato de proteger a exiliados en el interés de promover soluciones orientadas al retorno en varias crisis de refugiados, sostuvo HRW.
El eje de la política de ACNUR desde los años '80 es el retorno voluntario de los refugiados a su país de origen, en oposición al reasentamiento en un tercer país o la integración al país anfitrión. La alta comisionada, Sadako Ogata, declaró en 1992 que esta sería la década de la repatriación voluntaria.
La agencia, no obstante, "no cumplió sus propias políticas de repatriación voluntaria, quizás más evidentemente el año pasado, cuando hizo la vista gorda al retorno forzado y abusivo de refugiados de Ruanda en Burundi, Zaire y Tanzania", sostuvo el informe.
Para ser "verdaderamente voluntaria", la repatriación debe cumplir una serie de condiciones fijadas por la agencia de la ONU, declaró HRW.
Una de ellas es que los refugiados no deben ser objeto de presiones para volver a sus hogares. Pero, según el informe, en 1995 y 1996 ANCUR estuvo a cargo de campos de refugiados de Tajikistán en Afganistán a los que cortó el suministro de alimentos, supuestamente para estimular el regreso.
Un problema similar se planteó el año pasado en el caso de musulmanes de Birmania que huyeron a Bangladesh. HRW dijo que el gobierno bengalí había restringido severamente el acceso de ACNUR a los refugiados, negando la posibilidad de que recibieran alimentos o ayuda médica.
Aunque ACNUR protestó ante la negativa de acceso de Dhaka, se negó a criticar públicamente la decisión de prohibir la ayuda alimentaria, y un representante de la agencia llegó a justificar la decisión del gobierno, declarando que "si damos alimentos a este grupo, atraeremos a 50.000 más el día siguiente".
HRW dijo que la acción de ACNUR violó su propio "Manual de Repatriación Voluntaria", según el cual la repatriación no es voluntaria "cuando los países anfitriones privan a los refugiados de libertades reales de opción a través de (…) medidas como por ejemplo la reducción de servicios esenciales".
Una segunda condición para que la repatriación sea totalmente voluntaria es que los refugiados "reciban la información necesaria sobre las condiciones en sus países de origen".
ACNUR no brindó esta información en varios casos recientes, denunció HRW. Aunque la agencia tenía evidencias de que algunos musulmanes rohingya de Birmania sufrieron "desapariciones" y detenciones de parte de autoridades birmanas al regresar de Bangladesh en 1992 y 1996, no incluyó el dato en informes a los exiliados en Bangaldesh.
Esto ayudó a impulsar los esfuerzos de Dhaka por presionar a refugiados a regresar a Birmania, dijo el informe.
Además, ACNUR debe tener acceso a los refugiados cuando están en el exilio, para brindarles información sobre lo que les espera en sus países y determinar la libertad de su decisión de repatriarse.
ACNUR, no obstante, tomó parte en varios programas supuestamente voluntarios en los cuales tuvo poco o nulo acceso a los refugiados, según el informe, el cual citó como ejemplo la repatriación de tamiles de Sri Lanka del sur de India en 1992 y 1993.
ANCUR debe vigilar a los repatriados una vez llegados a su país de origen, para asegurar que estén a salvo, en especial cuando el regreso fue acordado mediante un programa de amnistía.
HRW cita varios ejemplos, notablemente en Tajikistán y Bosnia- Herzegovina, en que ACNUR no desplegó suficiente personal para cumplir este papel efectivamente.
Especial riesgo corren mujeres y niños, alertó HRW, los que comprenden 80 por ciento de los refugiados.
HRW subrayó en el informe que ACNUR no es el único responsable por esta tendencia. La obstrucción de los gobiernos, y la falta de interés o solidaridad de la comunidad internacional contribuyen al problema. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/lp/pr-ip/97
