Dirigentes políticos paraguayos serán convocados por la justicia de Uruguay, a pedido de un periodista, para investigar el fundamento de las denuncias de corrupción de un diario de este país contra el presidente de Paraguay, Juan Carlos Wasmosy.
Federico y Carlos Fasano, del diario uruguayo La República, estuvieron en prisión, acusados de atentar contra el honor de un presidente extranjero por asegurar que Wasmosy recibió comisiones ilegales al participar en la construcción de la represa brasileño- paraguaya de Itaipú.
Federico Fasano, director de La República, propuso al juez Rolando Vomero convocar como testigos de su denuncia a Luis María Argaña, una de las principales figuras del gobernante Partido Colorado, de Paraguay, y al empresario periodístico paraguayo Osvaldo Dominguez Dibb y al contralor general de ese país, Fretes Ventre.
También serán llamados como testigos a la audiencia, a realizarse en mayo, el senador Fernando Pfanni, del Partido Liberal Radical Auténtico, Ricardo Lugo, ex diputado del Partido Revolucionario Febrerista, ambos de la oposición paraguaya, el sociólogo brasileño Paulo Schilling y auditores de la central hidroeléctrica de Itaipú.
En total fueron 14 los testigos propuestos al juez Rolando Vomero por Fasano, quien busca demostrar que sus denuncias se ajustaron a los hechos.
El juicio estará cargado de tensión, pero Vomero dijo a IPS que está convencido que las partes "no plantearán dificultades", pese a lo complejo y delicado de la indagatoria que tendrá a su cargo.
Hace casi un año, el 21 de mayo de 1996, Fasano y su hermano Carlos fueron procesados con prisión por la jueza Zulma Casanova, acusados en el marco de una cuestionada ley de prensa. Los dos periodistas se arriesgaban a una condena a dos años de prisión.
Casanova negó entonces a los hermanos Fasano la posibilidad de probar la veracidad de sus dichos, como lo establece la legislación vigente, basándose en argumentos jurídicos luego fueron desestimados por un tribunal superior.
Un Tribunal de Apelaciones liberó a los hermanos Fasano luego de 15 días de reclusión, al considerar que la ley de prensa en vigencia no prevé el encarcelamiento de los acusados.
Otro tribunal decidió el mes pasado que Fasano tiene derecho a demostrar sus afirmaciones, y con esa sentencia devolvió el juicio al momento en que Casanova impidió que los periodistas hicieran valer el testimonio de sus testigos.
El fallo de Casanova había sido recibido con preocupación por organizaciones humanitarias y por asociaciones uruguayas e internacionales de periodistas y empresarios de ese sector.
Ahora, los estrados judiciales constituirán el marco para un doble escenario.
Por un lado, en la primera audiencia se revalorizará el derecho de los periodistas a informar con libertad y responsabilidad, y por otro, se producirá un debate político y ético sobre actitudes de un gobernante de otro país.
Aunque la justicia local no podrá pronunciarse sobre la supuesta responsabilidad de Wasmosy en los hechos denunciados por La República, tampoco podrá impedir que los testigos se expresen sobre ella.
Argaña es uno de los principales adversarios políticos de Wasmosy y compite con el presidente por el control del Partido Colorado, que fue virtualmente parte del Estado paraguayo durante la dictadura de 34 años del general Alfredo Stroessner, derrocado en 1989.
Se espera que tanto Argaña como los legisladores y ex legisladores de oposición desplieguen una batería de acusaciones contra Wasmosy, muchas de las cuales pueden trascender los hechos periodísticos denunciados.
"No basta con acusaciones sobre delitos, sino que debe probarse fehacientemente que éstos fueron cometidos. No se puede hablar de eventuales conductas delictivas sin que sean probadas", dijo a IPS Amadeo Ottati, abogado de Wasmosy.
Se aguarda con especial expectativa el testimonio del contralor Fretes Ventre, quien llegó a su cargo con el voto de todos los partidos políticos paraguayos para asegurar la transparencia de decisiones administrativas en su país.
En el jucio, que será oral y público, los periodistas de La República tendrán frente a ellos al fiscal Miguel Langón, un catedrático de Derecho Penal y candidato del presidente uruguayo Julio Sanguinetti a los cargos de Fiscal General.
La candidatura de Langón, quien impulsó el procesamiento de los hermanos Fasano, ha sido severamente cuestionada en las últimas semanas por La República y por varios dirigentes políticos.
Se imputa a Langón, entre otras cosas, haber colaborado como fiscal penal con el régimen militar que gobernó Uruguay entre 1973 y 1985. (FIN/IPS/rr/ff/ip/97
