Un general destituido pidió en Papúa- Nueva Guinea la renuncia del primer ministro Julius Chan, por supuesta malversación de fondos en la contratación de mercenarios para terminar con una guerra separatista en la provincia de Bougainville.
El problema se suma a otras acusaciones de corrupción lanzadas contra Chan por la oposición y los militares.
Un fuerte eco tuvo la semana última la exhortación del destituido general Jerry Singirok a la población a unirse a su demanda de dimisión del gobierno.
Luego de una semana de protestas, pedidos de renuncia, disturbios y saqueos, Chan aceptó la designación de una comisión para investigar el caso de los mercenarios.
El primer ministro, el vice primer ministro Chris Haiveta y el ministro de Defensa Mathias Ijape se retirarán de sus cargos hasta que concluya la investigación. Singirok, no obstante, exige la renuncia definitiva de los tres.
El gobierno ya pagó 36 millones de dólares al grupo Sandline International, de Gran Bretaña, por el primero de los tres meses de operaciones de los mercenarios. Tres diarios locales publicaron el texto completo del contrato.
El cuestionado acuerdo contempla un pago total de más de 120 millones de dólares a Sandline International.
Muchos creen que deben enfrentarse problemas más serios: la debilidad y los fallos del sistema político y de las instituciones que este país de 4,1 millones de habitantes adoptó al independizarse de Australia en 1975.
La corrupción y la falta de responsabilidad son las causas. El ex presidente del Banco Central Mekere Morauta dijo en el pasado que la corrupción del gobierno era "sistémica y sistemática". Fue despedido por Chan.
Para Loani Henao, presidente de la Sociedad de Abogados, la corrupción abarca mucho más que el contrato con Sandline.
El problema "radica en la corrupción, y no en una crisis constitucional. Sandline es sólo la punta del témpano", declaró Henao. "Es de lo que se queja el pueblo. Depende de los abogados y los técnicos decidir si el contrato con Sandline es bueno o malo".
La población quiere saber si los gobernantes obtuvieron beneficios ilegales de la contratación de los mercenarios.
El general Singirok, un popular renovador entre los militares, que restauró el orgullo de la desmoralizada Fuerza de Defensa del país, abrió la caja de Pandora al acusar al gobierno de corrupción.
Hablando por radio, Singirok convocó a ciudadanos y organizaciones que hubieran recibido tratamiento injusto a "revelar las acciones de los líderes deshonestos".
El general se refirió a la compra por el gobierno del edificio del Fondo de Ahorros de Funcionarios Públicos en la ciudad australiana de Cairns. El precio pagado fue el doble de la cotización de mercado.
Otras acusaciones se refieren a la construcción de un hospital privado, cuando el Hospital General de Port Moresby se encuentra en condiciones caóticas.
En la capital, los vendedores privados de agua cobran precios exorbitantes por agua robada, mientras que sectores de población de la misma ciudad no reciben el servicio.
Así mismo, una autopista de 30 millones de dólares que une al centro de Port Moresby con el aeropuerto internacional de Jackson podría estar sobrevalorada y ser de mala calidad.
Otro factor es el papel de una compañía de seguridad vinculada con la familia del primer ministro. Dos representantes de International Security Services Pty Ltd. fueron detenidos esta semana, acusados de intentar el rescate del director ejecutivo de Sandline, coronel Tim Spicer, arrestado por las autoridades.
Uno de los representantes es John Butler, quien sostiene que es familiar del primer ministro. Fue detenido con armas y municiones prohibidas.
John Momis, legislador de Bougainville, acusa al gobierno de traición y fraude por la contratación de los mercenarios y por haber pagado millones de dólares sin aprobación parlamentaria.
"Las personas civilizadas dialogan, no pelean", dice Momis, uno de los redactores de la constitución.
Si se hubiera permitido que los mercenarios continuaran con su misión en Bougainville y reabrieran la mina de cobre de Panguna, "habrían hecho su trabajo y nos habrían dejado el problema político para resolver", añadió.
La comisión tendrá hasta el 18 de este mes para anunciar los resultados de su investigación sobre las circunstancias relativas al contrato con Sandline International.
Pero Singirok sigue exigiendo la renuncia de Chan, del vice primer ministro y del ministro de Defensa. Según explicó, esas dimisiones son necesarias para que la comisión investigadora logre la credibilidad necesaria.
"Chan debe renunciar porque está comprometido en el contrato", declaró Singirok.
Pero el viceprimer ministro Haiveta sostuvo que el gobierno no tiene nada que esconder y que la investigación "limpiará nuestros nombres antes de las elecciones" previstas para junio.
"Quiero que el pueblo sepa que Singirok participó de las negociaciones del contrato de Sandline International desde el primer día. Me sorprende que el general diga lo contrario", manifestó el ministro de Defensa, Ijape. (FIN/IPS/tra- en/dr/kd/aq/ip/97