La vigencia de una ley sobre derecho de autor en Panamá no ha logrado frenar la alarmante "piratería" de obras de arte y propiedad intelectual existente en este país desde hace unos 15 años.
Tras insistentes denuncias y una campaña de divulgación que realiza un consorcio de productoras de programas para computadoras de Estados Unidos, el Ministerio de Educación de Panamá procura una ampliación de las sanciones estipuladas en la ley de derecho de autor promulgada en 1994.
Katia García, jefa de la Dirección Nacional de Derecho de Autor del Ministerio de Educación, dijo que se prepara un proyecto de reforma de la ley con el propósito de hacer más eficiente la lucha contra la piratería de obras de arte.
"El problema de la 'piratería' es grande y veo dificíl que se pueda acabar en pocos años", afirmó García.
La funcionaria indicó que la Dirección Nacional de Derecho de Autor necesita un nuevo instrumento legal que le permita dictar medidas preventivas de oficio o a solicitud de parte interesada, así como la incautación, retiro de ejemplares, materiales y equipos utilizados para cometer la falsificación.
"Lo que queremos es tener esa facultad por ley para coadyuvar de una manera más rápida y eficaz en el control de ese tipo de ilícitos", subrayó.
Además de las carencias señaladas, la ley contempla sanciones económicas de 1.000 a 20.000 dólares, lo cual, según Garcia, es insuficiente para disuadir a los falsificadores, cuyas ganancias por esa práctica ilegal supera los 35 millones de dólares anuales.
El consorcio Business Software Alliance (BSA), que agrupa a 104 compañías productoras de Estados Unidos, señaló que gran parte de los programas de computadoras que circulan actualmente en América Central son producto de reproducciones ilícitas que se hacen en Panamá.
Las utilidades obtenidas por ese concepto reportan alrededor de 15 millones de dólares anuales a los falsificadores, según BSA.
Además, otros 20 millones de dólares son obtenidos por la reproducción ilegal de peliculas y juegos de video, así como impresos, pinturas, vestimenta, relojes, lentes y otros productos que se comercializan en el mercado local y hacia el exterior.
En América Latina las firmas afiliadas a la BSA afrontan pérdidas cercanas a los 1.400 millones de dólares anuales por la comercialización de software reproducidos en forma ilegal, según indicó un comunicado divulgado en Panamá.
A inicios de 1997 el Ministerio de Educación allanó varios locales dedicados a la reproducción y alquiler de películas, software y otros productos en Panamá.
Sin embargo, García indicó que ello no ha logrado que las casas distribuidoras de películas para video regularicen su situación con las firmas distribuidoras y registren los contratos ante el Ministerio de Educación.
Hasta que fue promulgada la ley, en Panamá había alrededor de 2.000 comercios que se dedicaban al alquiler y venta de películas y videojuegos para reproducir en videograbadoras.
García indicó que desde la vigencia de la ley sólo dos comercios dedicados a esa actividad han registrado contratos con las distribuidoras de películas. Las restantes clausuraron sus actividades o entraron en la red "pirata" dedicada al alquiler y venta ilegal dentro del país y hacia el exterior. (FIN/IPS/sh/ag/if/97
