La Iglesia Católica panameña se sumó a las críticas contra los gobiernos de ese país y de Colombia por la presunta repatriación forzada de 293 colombianos que habían buscado refugio tras el recrudecimiento de la violencia.
El retorno de los 293 refugiados, la mayoría de los cuales eran mujeres, ancianos y niños de condición humilde, se produjo el pasado fin de semana sin la presencia de representantes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Pese a una petición expresa, Acnur se quejó de que los gobiernos de ambos países no le permitieron tomar parte en las acciones de coordinación durante la etapa final del proceso de traslado, según indicó la representante regional adjunta de ese organismo humanitario, Flor Rojas.
El obispo de la caribeña provincia de Colón, Carlos Ariz, denunció a su vez que los refugiados fueron "forzados" a regresar a su país de origen.
El religioso indicó que junto al obispo de la oriental provincia de Darien, Rómulo Emiliani, "y un equipo especial (de Cáritas Arquidiocesana) que vino de Colombia" recorrieron el área fronteriza para conocer la situación de primera mano.
Los refugiados fueron trasladados del poblado de Paya y otras aldeas de la zona fronteriza de Panamá con Colombia hacia una finca ubicada en el departamento (provincia) colombiano de Chocó, donde tendrán protección del ejército de ese país hasta que regresen a su lugar de origen.
En el poblado de Yape la delegación de la Iglesia Católica "recibió informes fidedignos de que la repatriación fue forzada", afirmó Ariz.
"Un buen número sabemos que huyó a la selva, según nos dijeron en Yape", subrayó el religioso.
Tras indicar que los refugiados -arribados a territorio de Panamá en marzo- querian volver a sus lugares de origen y no al sitio de refugio temporal donde fueron conducidos por las autoridades colombianas, Ariz advirtió que si no se toman medidas especiales sus vidas podrían correr peligro.
Agregó que varios de los 88 colombianos repatriados en noviembre de 1996 desde varios poblados panameños hacia la región de Antioquia, fronteriza con Panamá, "murieron asesinados" por los grupos armados que operan en el lugar.
Entre tanto, el Comité Panameño por los Derechos Humanos advirtió que Panamá "podría ser sancionada" por violar los convenios y protocolos internacionales sobre refugiados al no haber permitido la supervisión de la Acnur cuando fueron repatriados los refugiados colombianos.
El presidente del Comité Panameño por los Derechos Humanos Oswaldo Velázquez indicó que el trato dado a los refugiados por los gobiernos de Panamá y Colombia "es una violación de los derechos humanitarios que todos los países han acatado y que están registrados también en la declaración de Ginebra".
En una declaración divulgada este viernes la vocera de Acnur Pam O'Toole condenó en Ginebra "la forzosa repatriación" de los campesinos colombianos.
O'Toole afirmó que Acnur deseaba entrevistar a los cerca de 300 colombianos refugiados en Panamá para saber si necesitaban protección de ese organismo, pero las autoridades panameñas "no permitieron que el equipo visitara a los refugiados".
A pesar de las críticas, el ministro de Gobierno y Justicia de Panamá, Raúl Montenegro, afirmó que el traslado se hizo con anuencia de los refugiados.
Tras señalar que "ellos firmaron la documentación (de repatriación) voluntariamente", Montenegro precisó que "se ha querido dejar en el ambiente que el gobierno está ocultando algo, pero eso no es así".
Entre tanto, todavía queda por resolver la situación de unos 200 residentes del poblado La Bonga, cerca de la frontera con Colombia, forzados a abandonar precipitadamente sus casas tras un cruento ataque cometido por paramilitares colombianos en la primera semana de este mes.
Durante el ataque, atribuido a las derechistas "Brigadas de Autodefensa Campesina" de la región colombiana de Urabá, fueron asesinados cuatro colombianos y un panameño figura como desaparecido. (FIN/IPS/sh/dg/ip-hd/97)
