Al cumplir este jueves los primeros tres meses de gobierno, el conservador presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, se apresta a enfrentar el lunes próximo la primera gran movilización de protesta, que paralizaría amplias zonas de este país centroamericano.
Ante la medida, anunciada por un frente cívico formado en defensa de la propiedad y la estabilidad laboral, el gobierno y la policía manifestaron que no permitirán asonadas ni disturbios, y amenazaron con emplear la fuerza pública.
El ministro de Gobernación, José Antonio Alvarado, señaló al Frente Sandinista, segunda fuerza política del país, como la instigadora de las protestas.
"Aparentemente, la dirección sandinista tiene temor al rechazo popular, y pretende no aparecer directamente, pero vivimos en un país pequeño", comentó Alvarado.
Al cumplirse los primeros 100 días de gobierno, no se han abierto nuevas opciones laborales, y se han despedido al menos unos 500 empleados públicos, la mayoría de ellos identificados como sandinistas y Alemán admitió públicamente que aumentará el desempleo.
El presidente anunció que prevé eliminar tres ministerios y varios entes autónomos antes de que concluya este mes. En forma extraoficial se asegura que serán despedidos unos 2,500 empleados públicos, para demostrar a los organismos multilaterales que hay voluntad política de reducir el Estado.
El director de la reforma estatal, Luis Villalta, admitió recientemente a IPS que el gobierno tendría que despedir a unos 13.000 empleados públicos.
Además del tema laboral, otro factor detonante en la crisis que se avecina es la inseguridad que se manifiesta entre los beneficiados con la reforma agraria y urbana, en la década del 80.
La inseguridad existe también entre los retirados de las Fuerzas Armadas y ex miembros de la contra, favorecidos por la reforma agraria y el proceso de privatización, impulsados por el gobierno de Violeta Chamorro.
"Estos sectores van a iniciar una lucha popular en los próximos días, y el Frente Sandinista respaldará cualquier cosa que el pueblo haga para defender sus derechos", dijo el diputado Bayardo Arce, alto dirigente de esa fuerza política.
Arce acusó al gobierno de llevar al país a una crisis política ya que está arrebatándole a los ex miembros de las Fuerzas Armadas y ex contras sus derechos a la propiedad.
"El gobierno les dijo que no hay propiedades para ellos, y por supuesto, están dipuestos a defenderlas, y nosotros los apoyamos", afirmó el dirigente sandinista.
Tras la privatización de las empresas estatales, cerca de 50 quedaron en poder de los trabajadores y de los ex involucrados en la guerra, bajo la figura de "arrendamiento con derecho a compra". Entre estas hay más de 30 empresas agroindustriales, en las cuales están asociadas más de 20.000 personas.
El director de la Corporación Nacional del Area Pública, Rosendo Díaz, informó a varias de estas empresas que se suspendía ese derecho, por falta de pago a una mora superior a los tres millones de dólares.
El Frente Sandinista convocó este miércoles una reunión urgente de su principal órgano de dirección, la Asamblea Sandinista, y a sus diputados, para analizar acciones en contra del programa económico gubernamental. (FIN/IPS/rf/ag/ip/97
