El cadáver del hijo del acaudalado empresario y político hondureño Ricardo Maduro, secuestrado este miércoles, fue encontrado hoy por la policía con signos de haber sido ejecutado.
Grupos humanitarios sostienen que los autores de este secuestro y de otros muchos ocurridos recientemente serían grupos paramilitares que habrían sido entrenados por un ala de las Fuerzas Armadas, y formados por policías, ex policías y delincuentes comunes.
Edmundo Orellana, fiscal del Estado, comentó que el asesinato fue cometido por "gente muy preparada, entrenada y vinculada al crimen organizado, por lo que se descarta que sean delincuentes comunes".
Uno de los presuntos secuestradores llamó a la capitalina Radio América para pedir que se "deje de especular con las negociaciones. No hay nada. El (el joven) fue asesinado".
El gobierno hondureño anunció este viernes que convocará al Consejo de Seguridad Nacional para abordar el tema de la violencia, al tiempo que piensa agilizar rápidamente el traspaso de la policía a civiles.
El cuerpo de Ricardo Ernesto Maduro, de 25 años, raptado la noche del miércoles en San Pedro Sula por cuatro desconocidos, fue hallado este viernes en las cercanías de esa ciudad del norte del país. El joven fue ejecutado de un balazo en la cabeza.
Maduro padre, ex presidente del Banco Central de Honduras, tiene fuerte poder e influencia en Honduras y de El Salvador. En este último país está ligado a las 14 familias más poderosas.
Al trascender el secuestro del hijo de Maduro, los 25 hombres más ricos del país se reunieron este jueves con el presidente Carlos Reina, de quien demandaron "agilidad" para combatir la "ola delictiva" que afecta al país.
Juan Bendeck, presidente del empresariado privado, dijo que la semana próxima "se está preparando un paro de labores de un día en las fábricas para demostrar al gobierno que no estamos jugando y no aceptamos más demagogias".
Otro industrial, Carlos Kattán, criticó la ineficacia de las autoridades ante los secuestros y demandó una investigación exhaustiva de los "ex jefes de policía, dónde y cómo viven, y qué hacen".
Los empresarios de la costa norte, el principal motor industrial del país, enviaron este martes una carta al gobierno solicitando la suspensión de las garantías constitucionales en esa zona para frenar la violencia y delincuencia.
En esa zona se comprobó que un ex alto jefe militar propietario de una compañía privada de seguridad de 15.000 hombres practicaba secuestros y chantajes.
En los últimos dos meses, algunos empresarios de esa zona han debido pagar entre 50.000 y 100.000 dólares para evitar ser secuestrados.
Para responder a la ola de violencia, el Congreso decidió esta semana utilizar una partida de cuatro millones de dólares con el fin de reforzar la policía y la dirección civil de investigación. mientras la cúpula empresarial indicó que sus integrantes están siendo entrenados en métodos antisecuestros.
Las Fuerzas Armadas enviaron a su vez unos 200 soldados a San Pedro Sula para reforzar la actividad policial
