La Cámara del Agro de Guatemala acusó a la Conferencia Episcopal (CEG) de fomentar las invasiones de tierras, luego que la instancia católica afirmara que los campesinos tienen derecho a reclamar la entrega de parcelas.
La CEG emitió este lunes un comunicado titulado "Reflexiones sobre la tierra y la situación actual de Guatemala", en el cual sostiene que la Iglesia respeta el derecho a la propiedad privada, pero afirma que también debe tener "una función social".
"Es un bien (la tierra) que debe ponerse, en su uso y su tenencia, al servicio del bien común para generar bienestar para todos; pero sin embargo, existen muchos privados de propiedad" dice el comunicado.
"El clamor por la tierra está latente, y los campesinos tienen derecho a reclamarla. Ante la extrema pobreza que vive Guatemala y que afecta de modo especial a muchos de nuestros hermanos campesinos, la CEG no puede callarse", dijeron los obispos.
Para Humberto Preti, presidente de la Cámara del Agro, la posición de la Iglesia Católica constituye "un aliciente para que la gente que viola la ley ocupando fincas, continúe haciéndolo, lo cual es sumamente delicado y preocupante".
"Cuando una persona, fiel a la palabra de Jesús, defiende los derechos de los pobres, recibe acusaciones y amenazas, como ha sucedido en esta oportunidad de parte de la Cámara del Agro", respondió la CEG.
En situaciones como la de Guatemala hay que "ser generosos con los que desde hace muchos años sufren hambre, despojo de sus tierras, falta de alimentos, escuelas, viviendas", consideró.
Los conflictos por tierras entre campesinos y propietarios han ido en aumento y son más de 20 las propiedades ocupadas en el interior del país.
En 1996, se produjeron varios desalojos por parte de las fuerzas de seguridad, algunos de ellos violentos, como el ocurrido hace un año en la finca El Tablero, en el occidental departamento de San Marcos, donde resultaron muertos un comisario y un campesino.
Para el poderoso sector empresarial guatemalteco, las soluciones a la situación de Guatemala no pasan por la propiedad de la tierra sino por construir un país con una economía moderna.
El procurador general Acisclo Valladares aseguró a su vez que la usurpación de tierras es un delito grave.
"Así como en el de secuestro no se necesita orden de juez para detener a los secuestradores o liberar al secuestrado, tampoco es preciso tener la orden para desalojar invasores y detener a los responsables", indicó.
Cuatro meses después de la firma de la paz entre el gobierno y la guerrilla que puso fin a 36 años de conflicto armado interno, los campesinos continúan sin recibir satisfacción a sus reclamos. (FIN/IPS/cz/dg-pr/97
