La deportación en masa de inmigrantes guatemaltecos de Estados Unidos, una consecuencia posible de la nueva ley de migración implementada por Washington, pondría en peligro los acuerdos de paz en Guatemala, advirtió la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú.
"Las autoridades estadounidenses han sido irresponsables, ya que a través de una ley de inmigración que no es otra cosa que racismo y discriminación" y está en vigor desde el martes, pretenden expulsar a "nuestros compatriotas" de su territorio, declaró la líder indígena Menchú.
La repatriación de los guatemaltecos radicados irregularmente en Estados Unidos debe ser negociada y planificada entre las autoridades guatemaltecas y estadounidenses tomando en cuenta el ritmo del proceso de paz, agregó.
La nueva legislación estadounidense puede afectar a 185.000 de los 800.000 guatemaltecos residentes en ese país.
La deportación masiva sería peligrosa, pues sólo ha comenzado la reinserción social de los ex guerrilleros, destacó Menchú.
El gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca(URNG) firmaron el 29 de diciembre un tratado de paz para poner fin a 36 años de conflicto armado.
El Congreso de Guatemala anunció que realizará gestiones ante las autoridades migratorias de Estados Unidos para evitar la deportación de 185.000 guatemaltecos, entre ilegales y asilados políticos.
La oficina de prensa de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala aseguró que la nueva ley migratoria no contempla en ninguno de sus capítulos la eventualidad de la expulsión masiva de inmigrantes.
La fuente agregó que también será difícil aplicar de inmediato todas las previsiones de la nueva legislación, ya que es necesario capacitar a unos 16.000 empleados del Servicio de Inmigración y Naturalización.
El canciller guatemalteco Eduardo Stein informó que mantiene un diálogo permanente con Estados Unidos y que ha obtenido garantías de que no habrá deportación masiva, aunque se podría a concretar la expulsión de inmigrantes en pequeños grupos.
Stein puntualizó que todavía se ignora el alcance que tendrá la norma.
El viceministro de Gobernación (Interior), Salvador Gándara, señaló que el gobierno sigue los hechos con preocupación, ya que muchas familias dependen del dinero que sus familiares les hacen llegar de Estados Unidos.
La deportación de Estados Unidos de los inmigrantes irregulares guatemaltecos tendría fuerte impacto en la economía de este país, que perdería una importante fuente de ingresos.
Luis Ramírez, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), calculó que las remesas familiares procedentes de Estados Unidos representaron el último año 6.9 por ciento del total de ingresos de divisas del país. Es decir, alrededor de 375 millones de dólares.
Entre los más de 800.000 guatemaltecos que viven en Estados Unidos, según el cifras del Centro Guatemalteco de Apoyo en Los Angeles, figuran los 185.000 que hasta octubre de 1996 estaban registrados en la oficina de Política y Planificación del Servicio de Inmigración y Naturalización.
Se trata de 3,3 por ciento de los cinco millones de indocumentados que viven en Estados Unidos. Ochenta por ciento de los inmigrantes indocumentados son mexicanos, y también hay 335.000 salvadoreños.
El procurador de los Derechos Humanos, Jorge García Laguardia, calificó a la nueva norma e inmigración de Estados Unidos de "absolutamente ilegal, inconstitucional e inhumana".
"Se trata de una ley terrorífica, porque viola todas las garantías de los emigrantes y de sus hijos, y sitúa en una situación precaria a millones de latinoameriacnos que se fueron en busca de mejores perspectivas y con su trabajo ayudan a la economía de aquel país", opinó García.
El procurador incluyó una crítica a la cancillería "por no tener una política definida ni eficaz" para proteger a los guatemaltecos que viven en Estados Unidos, como la tienen otros países.
Edgar Montes, director de Migración de Guatemala, informó que en la actualidad son deportados en promedio de Estados Unidos unos 12 guatemaltecos por día, y "con la nueva legislación el número podría duplicarse".
Fuentes consulares en Los Angeles comunicaron que el gobierno guatemalteco destinará unos 300.000 dólares a la apertura de seis oficinas encargadas de asesorar a quienes buscan asilo en Estados Unidos y a los inmigrantes que serán entrevistados por el Servicio de Inmigración a partir del día 7. (FIN/IPS/cz/ff/pr/97