Funcionarios del gobierno de Guatemala restaron credibilidad al informe de la agrupación Guardianes del Vecindario (GV), que reveló los nombres de 421 personas secuestradas en el primer trimestre de 1997.
El secretario de Relaciones Públicas de la Presidencia, Ricardo de la Torre, acusó a Oscar Recinos, dirigentes de GV, "de buscar notoriedad política al dar a conocer un listado de supuestos secuestrados, de los cuales muchos son falsos".
Por su parte, el viceministro de Gobernación (Interior), Salvador Gándara, aseguró que la información proporcionada por GV "es totalmente falsa, nefasta y difamatoria, ya que tiene el propósito de alarmar a la ciudadanía y buscar protagonismo político".
Los nombres de las 421 personas que supuestamente fueron víctimas de secuestro en todo el país fueron publicadas el jueves por los principales diarios de la capital.
Según Gándara, el Ministerio de Gobernación examinó los nombres que aparecen en la lista, para concluir que en muchos casos se trata de personas voluntariamente desaparecidas, como Mirna del Cid, que decidió vivir con otra persona y se cambió de domicilio, pero se encuentra sana y salva.
Otro caso mencionado por el funcionario es el de un lustrabotas del oriental departamento de Zacapa, que únicamente había cambiado de domicilio.
Gándara informó que el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional únicamente ha investigado cinco casos de secuestro en el transcurso del año, uno de los cuales fue resuelto.
Agregó que, tras revisar casi 70 por ciento de la lista de GV, las autoridades concluyeron que sólo se trata de denuncias de desaparición.
Muchas de esas denuncias se refieren a personas que viven maritalmente a escondidas de sus padres o que han cambiado de domicilio, e incluso figuran prostitutas y prófugos de la justicia.
Recinos, por su parte, replicó que los dirigentes de GV no pretenden "la confrontación con el gobierno", sino que "la verdad salga a relucir".
"Con la verdad en la mano, podremos tomar las acciones y medidas necesarias para que disminuyan el flagelo de la delincuencia, el secuestro y la criminalidad", señaló.
Agregó que GV recabó su información en las fiscalías del Ministerio Público, y considera entonces que las autoridades tienen conocimiento de todos los secuestros consignados en la lista.
"Ante esta situación, exigimos al Ministerio Público que, para tranquilidad de la población, informe acerca del seguimiento que se ha dado a cada uno de los casos y el resultado de las investigaciones realizadas", dijo Recinos.
Fuentes del Comando Antisecuestro explicaron que la investigación sólo puede ponerse en marcha luego de la denuncia formal de los familiares de secuestrados.
El Comando no puede investigar rumores, puntualizaron las fuentes. Agregaron que el problema consiste en que, a menudo, las familias prefieren callar, por temor a que el secuestrado sea asesinado.
El analista Mario Sandoval advirtió que, sea o no exagerada la información de GV, el gobierno tiene ahora la obligación moral de referirse públicamente a todos y cada uno de esos casos, haciendo públicos los detalles, cómo ocurrieron, cuándo fueron denunciados y cómo actuaron las autoridades.
Los casos de secuestro aumentaron notablemente en Guatemala a partir del último año. Varias bandas se dedican al secuestro extorsivo y las víctimas son de toda procedencia social.
La policía logró detener a muchos secuestradores, pero las organizaciones de derechos humanos destacan que los cabecillas de las bandas no han sido atrapados, y sospechan la complicidad de miembros de las fuerzas de seguridad con los delincuentes. (FIN/IPS/cz/ff/ip/97
