ESTADOS UNIDOS: El pánico cunde entre los inmigrantes jamaiquinos

Rosalie, de 26 años de edad, es diplomada en mercadotecnia de la Universidad de Tecnología de Jamaica. Desencantada de las perspectivas laborales en su país, viajó a Estados Unidos con visa de turista.

Su plan era trabajar, mantenerse, ahorrar dinero y enviar lo que pudiera a su madre, recepcionista en una empresa privada de Jamaica, y a su hermando adolescente, estudiante en Kingston.

Después de trabajar en dos empleos, podía hacer poco más que pagar sus cuentas y enviar "50 dólares de tanto en tanto" a su familia. Sus ahorros apenas le habrían permitido pagar un pasaje de vuelta de Nueva York a Jamaica.

Rosalie es una entre cinco millones de "extranjeros indocumentados", término empleado por el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) de Estados Unidos para referirse a los inmigrantes ilegales.

Todos ellos se encuentran ahora en un dilema, tras la entrada en vigor el 1 de abril de las nuevas leyes migratorias.

Las nuevas reglas aumentaron las medidas de seguridad en las fronteras estadounidenses, lo cual dificulta el ingreso ilegal. También facilita la expulsión de indocumentados y agrava los castigos a quienes permanecen en el país más de lo que les permiten sus visados.

A aquellos que superaron entre seis meses y un año el límite de tiempo admitido por las autoridades migratorias se les prohibirá la entrada a Estados Unidos durante tres años, y quienes permanecieron más de un año sin permiso deberán esperar diez años para volver a ingresar.

La vocera del INS, Chris Sills, afirmó que la cantidad de personas cuya situación será afectada por la nueva ley es pequeña y aseguró que no habrá deportaciones en masa.

Maggie McCue, de la Coalición para la Inmigración de Nueva York, afirmó que "los jueces fueron despojados de casi toda su autoridad para suministrar cualquier ayuda a los inmigrantes en proceso de deportación".

Las nuevas normas, además, "dificultan mucho la obtención de refugio a los gestionantes de asilo" ante los tribunales.

La directora del Centro de Defensa de los Inmigrantes (IAC) con sede en Florida, Cherryl Little, acusó al INS de realizar redadas en comunidades de inmigrantes en las que detuvieron a sospechosos, entre ellos varios ciudadanos estadounidenses naturalizados y residentes permanentes legales.

Los inmigrantes ilegales que habían sido alentados por el INS a presentarse y legalizar su situación corren ahora riesgo de deportación a menos que el proceso concluya, como establece la nueva ley, antes del 27 de septiembre, lo cual es poco probable dada la cantidad de solicitudes acumuladas en esa oficina.

"La comunidad está dominada por el pánico", dijo el veterano periodista radial jamaiquino Winston Barnes, quien reside en Miami. Allí se informó que las autoridades estadounidenses prohibieron el reingreso de jamaiquinos inmigrantes que viajaron a su país entre fines de marzo y abril.

Marsha, de 35 años, es una "extranjera indocumentada" en el estado de Florida durante casi diez años. Es jamaiquina, tiene dos hijos, es propietaria de una casa, conduce un automóvil y trabaja en dos empleos. Está aterrada.

Las opciones para los cientos de miles de personas que están en la misma situación que Marsha son limitadas y la mayoría están destinadas al fracaso.

Algunos prefieren no arriesgarse a la deportación y, como Rosalie, decidieron regresar a sus países de origen.

Algunos compraron pasaportes o "tarjetas verdes" (documento de residencia legal permanente) falsificados. Una jamaiquina en Florida adquirió la suya por 7.000 dólares. "¿Acaso no hubiera podido establecerse en Jamaica con esa cantidad de dinero?", dijo un oyente a Open Line, el programa radial de Barnes.

Otra posibilidad es el matrimonio por conveniencia, una actividad de la que viven numerosos abogados que "arreglan" casamientos de inmigrantes con ciudadanos estadounidenses o poseedores de "tarjeta verde".

En el "mercado de matrimonios", cada boda se cotiza a 2.450 dólares, 650 para el abogado y 1.800 para el cónyuge estadounidense. A veces, esa suma aumenta.

Brenton, un agricultor jamaiquino que vivió en la ilegalidad durante varios años. Ahora, luego de varios trámites legales e ilegales, es un ciudadano estadounidense y negocia su matrimonio por 5.000 dólares, con la intención de comprarse una casa.

Sin embargo, el INS alertó que el matrimonio por conveniencia no garantiza la residencia legal. Los trámites son largos y e incluyen una entrevista en la cual los contrayentes deben convencer a los funcionarios de que el casamiento es de buena fe.

Con frecuencia, los cónyuges son interrogados por separado sobre los detalles más íntimos de la vida familiar. Muchas veces, incluso, se ha denunciado que se analiza el comportamiento de los investigados en la sala de espera a través de un circuito cerrado de televisión. (FIN/IPS/tra-en/pr/ps/cb/mj/pr/97

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