Los máximos representantes de los empresarios y de los trabajadores de España firmaron hoy un acuerdo social,orientado a la creación de puestos de trabajo, con la eliminación de contratos temporales y la reducción de las indemnizaciones por despido.
Las tratativas para alcanzar esa reforma se prolongaron por casi un año y las dos partes reconocieron haber hecho concesiones.
La firma del Acuerdo para la Estabilidad en el Empleo y la Negociación Colectiva se realizó en la sede neutral del Consejo Económico y Social para evitar "protagonismos" de uno u otro sector.
Ambas partes coincidieron en señalar que la responsabilidad de la creación de los puestos de trabajo pasa ahora al gobierno presidido por el centroderechista José María Aznar, quien se comprometió a acelerar el tratamiento legislativo del tema.
Asimismo, reclamaron al Ejecutivo políticas activas de empleo que favorezcan la contratación de trabajadores por tiempo indefinido.
Por las centrales sindicales mayoritarias, Unión General de Trabajadores (mayoritaruamente socialista) y Comisiones Obreras (CCOO, ligada al Partido Comunista) firmaron sus secretarios generales, Cándido Méndez y Antonio Gutiérrez.
Por la patronal lo hicieron los presidentes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), José María Cuevas y de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), Manuel Otero Novas,.
Este es el primer acuerdo sindicato-patronal alcanzado en España en una década y fue logrado por consenso, tras once meses de negociaciones. Para ello, ambas partes debieron ceder algo, reconocieron este lunes sus representantes..
Los sindicatos consiguieron terminar con los "contratos basura", como se denomina en España a los contratos laborales precarios temporales e inestables, instaurados a partir de 1984, cuando el gobierno del socialista Felipe González legisló en su favor, hecho que dio lugar a masivas huelgas generales.
También pudieron otros nuevos contratos de duración indefinida para jóvenes de 18 a 29 años de edad, desocupados de larga duración, mayores de 45 años y minusválidos.
La patronal, por su parte, pudo abaratar el despido, reduciendo el coste de la indemnización en torno a 40 por ciento.
El secretario general de CCOO señaló que sin esas concesiones no habría habido pacto y que cualquiera de los tres acuerdos alcanzados es fruto del equilibrio logrado entre las aspiraciones de cada una de las partes.
Cándido Méndez reconoció a su vez que es imposible acabar de la noche a la mañana con la precariedad del mercado laboral, pero afirmó que se han sentado bases muy sólidas para hacerlo.
El ministro de Trabajo, Javier Arenas, se congratuló porque este acuerdo permitirá terminar con los "contratos basura", que en 1984 eran una minoría pero ahora representan la tercera parte del total de la contratación.
Arenas subrayó que el acuerdo alcanzado por trabajadores y empresarios supone un voto de confianza para el conjunto de la sociedad y en especial para los creadores de puestos de trabajo y anunció que el gobierno estudiará incentivos para las nuevas modalidades de contratación.
Sin embargo, los sindicalistas son más cautos en sus expectativas y demandan un mayor compromiso del ejecutivo, a la vez que anuncian un próximo primero de mayo "combativo".
No obstante, Gutiérrez advirtió que los trabajadores también deberán hacer su aportación negándose a realizar horas extraordinarias, para que ese trabajo sea hecho por nuevos contratados.
Además, demandó del gobierno una campaña institucional en favor de los contratos indefinidos, "olvidándose de los regalos fiscales", o sea de los incentivos fiscales a los empresarios que contraten trabajadores de manera estable.
Méndez mencionó a su vez que los sindicatos mantienen discrepancias con la política fiscal y notan una ausencia de compromiso del gobierno a la hora de definir una política beligerante en favor de la creación de puestos de trabajo.
En lo esencial, la reforma pactada consiste en que la indemnización por despido será de 33 días por año trabajado, en lugar de los 45 que rigen para los actuales contratos fijos y que se abonarán hasta 24 mensualidades, en vez del tope máximo que fija la ley.
Por otro lado se otorga mayor responsabilidad a la negociación colectiva, con un protagonismo de los sindicatos a la hora de convertir los contratos temporales en fijos, regular la jornada de trabajo y fijar fórmulas de control de los despidos individuales.
Los partidos políticos apoyan los acuerdos, con la excepción de la coalición Izquierda Unida (IU, basada en el partido Comunista), que los critica con dureza porque, sostiene, no garantizan la creación de nuevos puestos de trabajo y admiten la reducción de las indemnizaciones.
El también opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE) saludó su firma pero entiende que su aprobación debe ser discutida en el parlamento antes de entrar en vigor, mientras que el gobierno y los partidos regionales que lo apoyan se inclinan por su aprobación por decreto para que rija de inmediato.
De optarse por la posición del PSOE -que en ese caso recibiría el apoyo de IU- la ley se demoraría entre tres y cuatro meses y el pacto difícilmente entraría en vigor antes de fin de año, dado que el parlamento entra en receso durante el verano (julio- agosto).
Al respecto, Cándido Méndez se manifestó convencido de que los partidos parlamentarios son "perfectamente concientes" de que este acuerdo debe ser tramitado con celeridad, para que entre en vigor cuanto antes", y que obrarán en consecuencia.
Pero esa esperanza no es compartida por Arenas, quien a tenor de lo manifestado por PSOE e IU, reconoció este lunes que será dificil alcanzar esa meta antes del verano.
Ajeno a esa preocupación, el secretario Ggneral de la Confederación Europea de Sindicatos, el italiano José Emilio Gabaglio calificó el acuerdo español de "muy positivo" y dijo que bien puede ser tomado como modelo en otros países europeos.
"Corresponde ahora a los inversores, dentro de la situación económica de España, y al gobierno del país, facilitar con una política económica más abierta que la actual la creación de empleo, pedido que extendemos a todos los gobiernos de Europa", concluyó Gabaglio. (FIN/IPS/af/dg/ip-lb-if/97
