Organizaciones no gubernamentales (ONG) de Estados Unidos, alentadas por la eficacia del boicot como arma para mejorar las condiciones de trabajo en el exterior, pretenden obligar a las empresas multinacionales a aceptar la supervisión de sus actividades en el Sur en desarrollo.
Mientras, grupos que vigilan las condiciones de trabajo desde América Central a Asia oriental creen que las compañías estadounidenses y de otros países del Norte industrial con intereses en el extranjero se preocupan más de su imagen que por las condiciones reales de trabajo en sus factorías.
"Las compañías hablan mucho, pero no toman medidas y no hay resultados", advirtió Charles Kernaghan, director del Comité Nacional de Trabajo, una organización que investiga la situación en fábricas textiles en países del Sur.
"Excepto en el caso del fabricante de ropa The Gap, que admitió la presencia de inspectores indpendientes en su factoría de El Salvador, nada ha cambiado", afirmó Kernaghan.
Según los activistas, las empresas multinacionales sólo reaccionan cuando son acusadas de pagar bajos salarios y mantener en pésimas condiciones de trabajo al personal de sus filiales en el mundo en desarrollo.
"Una vez que dejan de sentir presión, -como cuando los medios de comunicación dejaron de prestar atención a los trabajadores de General Electric y Boeing en China-, las empresas dejan de lado los códigos de conducta", observó Richard Dicker, de Human Rights Watch.
Los consumidores deben exigir un control independiente de las actividades de las multinacionales estadounidenses en países del Sur, destacaron participantes en un encuentro sobre control laboral realizado en el Queens College, de Nueva York.
"La mala publicidad conduce a la disconformidad del consumidor y a la caída de ventas y ganancias", indicó Elaine Bernard, directora del programa sindical de la Universidad de Harvard, Estados Unidos.
Bernard señaló que, a menudo, las empresas protegen su imagen mediante sus propias campañas de relaciones públicas y sin mejorar las condiciones de trabajo en sus fábricas.
Walt Disney Company, criticada por las actividades de sus subcontratistas en Haití y Birmania, aseguró al público haber solicitado el servicio de dos organizaciones no gubernamentales (ONG) para controlar a sus concesionarios en el exterior.
Pero Kernaghan puntualizó que una de las dos ONG contratadas por Disney, la suiza SGS, es una "multinacional que se especializa en control de calidad, con ingresos que ascienden a los 2.000 millones de dólares y que no tiene conexión alguna con los derechos humanos".
Los activistas exigen que los empresarios sigan el ejemplo de The Gap, una compañía fabricante de ropa que aceptó inspectores independientes en la planta de la firma taiwanesa Mandarin, su subcontratista en El Salvador.
The Gap logró superar con esa decisión un boicot de consumidores en Estados Unidos contra sus productos.
Mark Anner, del Centro de Investigación para el Trabajo, de El Salvador, destacó que el grupo de control de Mandarin, que él mismo integra, tiene facultades para resolver los conflictos entre los empleados y la administración de la empresa.
"Estamos hablando de una sociedad (la salvadoreña) que acaba de superar una guerra civil", señaló Anner.
"Los trabajadores no están preparados para hablar con nadie", explicó. No dialogan abiertamente con los controladores de trabajo salvadoreños y menos aún con los representantes de la empresa.
El grupo de control está a cargo de tantos problemas laborales que "casi nos convertimos en representantes de la compañía Mandarin", dijo Benjamín Cuéllar, director del departamento de derechos humanos de la Universidad de América Central,
Anner informó que el grupo de control proyecta ampliar su trabajo a cuatro fábricas salvadoreñas. Pero Kernaghan puntualizó que compañías estadounidenses como Liz Claiborne y Philips-Van Heusen se resistirán a esa inspección.
El Comité Nacional de Trabajo, de Kernaghan, y la Red de Personas Creyentes, una coalición de iglesias estadounidenses, intentan reunir un grupo de trabajo especial para que el modelo de Mandarin trascienda a El Salvador.
Anner insistió en que los controladores deben ser completamente independientes del gobierno y las empresas en cuestión. (FIN/IPS/tra-en/fah/yjc/aq-ff/lb/97
