Hasta los expertos en migración de Estados Unidos se las vieron en figurillas el martes 1 para explicar si las nuevas leyes en la materia tenían pleno vigor o no.
La confusión se generó cuando el juez federal Emmet Sullivan sentenció el lunes que el gobierno de Estados Unidos no había concedido suficiente tiempo para informar al público sobre los efectos de las leyes aprobadas en 1996, por lo que postergó su aplicación cuatro días.
Pero el gobierno obtuvo la revocación de ese fallo y las leyes, al fin, entraron en vigencia.
Estas idas y venidas se produjeron, precisamente, el 1 de abril, Día de los Inocentes o de los Tontos en el almanaque anglosajón. También comenzó esa jornada un período de caos para los inmigrantes en Estados Unidos.
La aplicación de las nuevas leyes sobre migración supone una serie de fechas límite a lo largo de 1997, así como obstáculos para los inmigrantes que pretenden obtener la residencia permanente o la ciudadanía estadounidense, según expertos.
"Nadie sabe con exactitud cómo se aplicarán las nuevas restricciones, y eso es lo que las hace confusas", dijo Dan Kesselbrenner, a cargo del del Proyecto Inmigración de la Cofradía Nacional de Abogados.
Pero los inmigrantes y activistas creen que las nuevas leyes son precisas, al menos, en un punto. "Estas son las primeras de una serie de leyes contra los inmigrantes, muchos de los cuales hicieron grandes aportes a Estados Unidos y podrían continuar haciéndolos pero serán expulsados", según Kesselbrenner.
"Hispanos y asiáticos son perjudicados a través de discretos mecanismos de influencias. Esta es una legislación mal intencionada", dijo Cecilia Muñoz, vicepresidenta del Consejo Nacional para la Raza, grupo de defensa de los inmigrantes mexicanos con sede en Washington.
Aunque las nuevas leyes no mencionan etnias específicas, manifiestan una clara preferencia por ciertos grupos de inmigrantes sobre otros a la hora de la concesión de la residencia o la ciudadanía, manifestó Muñoz.
Estas normas agregan una nueva barrera a la posibilidad de que los inmigrantes legales patrocinen el ingreso de sus familiares a Estados Unidos, pues disponen que para ello sus ingresos deben equivaler, al menos, a 125 por ciento de los correspondientes al nivel de pobreza.
Ese nivel mínimo, de 19.000 dólares al año para una familia de cuatro integrantes, es demasiado elevado para la mayoría de los inmigrantes hispanos y asiáticos, según Muñoz.
"Las víctimas reales son personas que intentan reunir a sus familias" bajo un mismo techo, afirmó.
"Todos son tratados con severidad, pero los europeos reciben un trato mejor" que los inmigrantes del mundo en desarrollo, dijo Kesselbrenner.
Además, la ley dispone castigos mayores para quienes ingresan a Estados Unidos eludiendo los trámites migratorios en puestos de frontera, en su mayoría asiáticos o latinoamericanos, que para aquéllos que permanecen en el país más tiempo del que les permiten sus visados, como suelen hacer los europeos.
"Hay un tratamiento dispar para los inmigrantes de este hemisferio", afirmó Kesselbrenner. El abogado recordó que las presiones más fuertes para la aprobación de las nuevas leyes procedieron de estados como California, que atraen inmigrantes de México u otros países latinoamericanos.
En 1994, casi 250.000 de los 900.000 ingresos admitidos por el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos (INS) se establecieron en California, la mayoría de ellos mexicanos. Se supone que el número de inmigrantes ilegales es aun mucho mayor.
En los últimos años, California y otros estados orientales aprobaron en plebiscito restricciones a la inmigración ilegal y severas reducciones de beneficios sociales aun a inmigrantes legales.
Las leyes sobre seguridad social y migración aprobadas por el Congreso y refrendadas por el presidente Bill Clinton el año pasado fijan fechas límite que se sucederán este año para la concreción de deportaciones y recortes de beneficios a inmigrantes.
Aunque la ley de inmigración se aplica desde el martes 1, sus peores efectos para los afectados entrarán en vigencia en los próximos meses, según expertos.
Los inmigrantes ilegales podrán ser deportados en septiembre, tras lo cual no podrán ingresar de nuevo a Estados Unidos en tres años, explicó Roseann Micallef, directora ejecutiva del Centro para los Derechos de los Inmigrantes en Nueva York.
Pero algunos de los efectos de la ley son inmediatos, entre ellos la preocupante posibilidad de que cualquiera que tenga apariencia de extranjero deba demostrar su ciudadanía o su residencia legal para evitar la deportación o la ira de sus empleadores.
"Si ellos dicen que tú no eres un ciudadano, ¿cómo probarlo? La mayoría de la gente no lleva el pasaporte encima todo el tiempo", dijo Kesselbrenner.
También a partir del martes, muchos inmigrantes se ven incapacitados de lograr una audiencia con árbitros imparciales, lo cual constituye "una falta ética al principio estadounidense de juego justo", agregó.
Algunas de las normas enfrentan numerosos pedidos de revocación efectuados por grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y el Comité de Abogados por los Derechos Humanos comenzaron a reclamar el martes la revocación de las disposiciones sobre la incapacidad de obtener audiencias.
Las nuevas leyes derogan la obligación de los funcionarios del INS de explicar a los potenciales solicitantes de asilo sus derechos a reclamar ese derecho, dijo Matt Briggs, de ACLU.
Algunos activistas manifiestan su preocupación de que personas que sufren abusos en sus países ignoren por siempre sobre su derecho a solicitar el asilo.
Eso le sucedió el año pasado a Fauziya Kassinga, una mujer de Togo que sufrió mutilación genital en su país y enfrentó varios problemas para demostrar la justicia de su caso ante el INS. Al fin, obtuvo el asilo.
Otros inmigrantes ya preparan formas alternativas de asegurar su residencia. En la mayoría de las ciudades se incrementó en las últimas semanas el número de bodas de extranjeros con ciudadanos estadounidenses, aunque esos matrimonios no cambiará la situación legal de los inmigrantes, según Micallef.
"Los inmigrantes también le están dando montañas de dinero a operadores inescrupulosos" que dicen ser capaces de asegurarles la naturalización, agregó la activista. "La gente se agarra de lo que tiene a mano, y no siempre de cosas buenas", dijo.
Incluso el Departamento de Justicia, que controla al INS, pareció tener sus dudas acerca de la eficiencia en la aplicación de las leyes el lunes por la noche, cuando el juez Sullivan logró la postergación del plazo que, a la postre, fue revocada.
"Tal vez haya caos, pero lo generaron ellos", acusó Robert Rubin, del Comité de Abogados por los Derechos Humanos. (FIN/IPS/tra-en/fah/yjc/mj/ip pr/97
