La convocatoria a una consulta popular realizada este domingo por el presidente provisional de Ecuador Fabián Alarcón generó hoy manifestaciones de respaldo y de rechazo.
La consulta se llevará a cabo el 25 de mayo y consta de 13 extensas preguntas, que abarcan temas referentes a la despolitización del sistema judicial, reformas a la ley electoral y la actuación del Congreso a inicios de febrero, cuando resolvió cesar a Abdalá Bucaram y nombrar presidente a Alarcón.
Para Mario Ruiz, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, la consulta es el único mecanismo constitucional "que pondrá fin a la crisis política que vive el país desde que Bucaram asumió la presidencia", el 10 de agosto.
La iniciativa "está plenamente justificada", ya que consolidará la democracia y el gobierno "se podrá quitar las sombras de inconstitucionalidad que pesan sobre él y que nacieron de la decisión del parlamento de cesar a Bucaram por incapacidad mental para gobernar", dijo.
"Es destacable que al menos se haya excluido una de las preguntas más polémicas, que abordaba el tema de la duración del período presidencial de Alarcón", consideró el periodista Freddy Ehlers, ex candidato a la presidencia por el movimiento indigenista Nuevo País Pachakutik.
En un principio, Alarcón había anunciado que una de las preguntas incluidas en la consulta se referiría a la conveniencia de que el período del gobierno provisional se extienda hasta agosto del año 2000, cuando concluiría el mandato de Bucaram.
Pero esa posibilidad fue rechazada por partidos de oposición, organizaciones laborales e indígenas, que acusaron a Aalarcón de pretender permanecer en el poder hasta más allá de 1998, año en que deberá concluir sus funciones según la resolución parlamentaria.
Según Ehlers, "el gobierno está utilizando el último recurso antes de intentar realizar reformas por la vía de la concertación".
La Unión Nacional de Educadores reconoció el derecho de Alarcón de convocar a la consulta y consideró que "las preguntas son oportunas y responden a la voluntad del pueblo ecuatoriano de participar en los procesos de transformación del país", dijo Carlos Medina, presidente de esa organización.
"Todas las preguntas son incontestables para la mayor parte de la población, dada su complejidad", consideró en cambio Alberto Luna, arzobispo de Cuenca, la tercera ciudad del Ecuador.
"Existen otras necesidades económicas en el país que requieren con urgencia esos ocho o nueve millones de dólares que costará la consulta popular", destacó.(FIN/IPS/mg/dg/ip/97
