La atención política de Ecuador se centró una vez más en el Congreso, que este lunes inició la investigación de las partidas extra presupuestarias entregadas por el gobierno del destituido Abdalá Bucaram a una treintena de parlamentarios.
En esta ocasión, sin embargo, se ha puesto en duda el real alcance de la Comisión de Fiscalización del parlamento, y el verdadero compromiso del gobierno del presidente interino Fabián Alarcón por llegar al final de las investigaciones.
"El proceso llegará hasta donde les convenga a los actuales dirigentes del Congreso y del gobierno", consideró el diputado Marco Proaño, del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) liderado por Bucaram, quien aseguró que "todos los bloques parlamentarios recibieron fondos del gobierno".
"Si existe un verdadero compromiso por acabar con los procedimientos poco transparentes, el Congreso tendrá que ir contra su misma estructura, en lugar de poner en el banquillo de los acusados a unos cuantos", añadió.
La Comisión parlamentaria llamó a declarar a 34 de los 82 diputados que conforman el Congreso unicameral ecuatoriano. Además, Alarcón y el presidente del parlamento, Heinz Moeller, deberán brindar información sobre este caso.
Miembros del PRE denunciaron que Alarcón, quien presidía el Congreso cuando destituyó a Bucaram, también fue beneficiado con las partidas extra presupuestarias.
Según el presidente de la Comisión fiscalizadora, Napoleón Saltos, en el proceso se definirá si los diputados involucrados recibieron las partidas a cambio de favores políticos. En caso de comprobarse esto, los parlamentarios podrían ser destituidos.
Eduardo Vélez, diputado independiente de la provincia insular de Galápagos, reconoció haber gestionado unos 375.000 dólares, que habría destinado a obras sociales y la modernización de las instalaciones de la municipalidad.
"Tal vez se cometieron errores de procedimiento, pero no tienen por qué servir para hacer denuncias temerarias", dijo el diputado, quien aseguró que el mismo Moeller ayudó a tramitar fondos para parlamentarios del Partido Social Cristiano durante el gobierno de Bucaram.
"No existe otra forma de tramitar presupuestos especiales que la gestión directa con el Ejecutivo", sentenció Vélez.
Miguel Salem, ex ministro de Gobierno durante la gestión de Bucaram y quien habría sido el encargado de otorgar los fondos a los bloques parlamentarios, intentó separar las aguas: "Ni todos corruptos ni todos inocentes".
"La mayoría de los diputados recibieron dinero del gobierno y eso no quiere decir que hayan incurrido en acto de corrupción", dijo desde su residencia en Miami Salem, quien también ha sido convocado a declarar ante la Comisión parlamentaria. (FIN/IPS/mg/ag/ip/97
