Un cuerpo consultivo en materia penal aceptó el miércoles en Colombia la solicitud del gobierno de estudiar mecanismos legales para restablecer la extradición de ciudadanos colombianos requeridos en el exterior por narcotráfico.
El gobierno pidió al Consejo de Política Criminal (CPC) una propuesta técnico-jurídica para promover la eliminación del artículo 35 de la Constitución promulgada en 1991, que prohibe la entrega de colombianos a tribunales extranjeros, explicó el ministro de Justicia, Carlos Medellín.
El CPC, un cuerpo asesor, está integrado por el ministro de Justicia, Carlos Medellín, quien lo preside y por el fiscal Alfonso Valdivieso, el procurador general Jaime Bernal, el ombudsman, José Castro, el director de la policía, Rosso Serrano, y dos representantes del Congreso legislativo.
Medellín advirtió que la eventual aprobación del proyecto para autorizar la extradición de colombianos, exigida especialmente por Estados Unidos, no obraría en desmedro de la justicia nacional.
El Poder Judicial decidiría en cada caso, ante pedidos de extradición, y no aceptaría el doble enjuiciamiento de los acusados.
Esa última puntualización excluye la posibilidad de extradición a Estados Unidos de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, jefes del narcotraficante cártel de Cali, ya juzgados en Colombia y aún requeridos por tribunales estadounidenses.
Medellín también señaló que, de aprobarse el proyecto, debe quedar "absolutamente claro el marco de garantías de juzgamiento que tendrán los colombianos que resulten extraditados".
El ministro observó que muchos colombianos, por "la sola condición de tales", se enfrentan a "una presunción de culpabilidad que predetermina de manera desfavorable la decisión del juez extranjero".
Medellín, considerado por Washington uno de los funcionarios más fiables de Colombia, logró vencer la resistencia de un sector del gobierno opuesto al proyecto de extradición.
El presidente Ernesto Samper y el ministro de Gobierno, Horacio Samper, opinaban que el proyecto chocaría contra e "ambiente adverso" provocado en el Congreso y la opinión pública por la decisión de Washington de negar su certificación a la lucha antidrogas de Colombia.
Estados Unidos consideró que el gobierno de Samper "no ha hecho lo suficiente" para combatir el tráfico de drogas y fijó una serie de condiciones, entre las que figura la extradición de colombianos acusados de narcotráfico, para conceder la certificación.
"No presentaré el proyecto (para revivir la extradición) al Congreso bajo presión", y "si no estoy seguro de su aprobación", afirmó Samper a mediados de marzo al diario El Tiempo.
La semana pasada, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Myles Frechette, aseguró haber recomendado a su gobierno otorgar excepcionalmente a Bogotá una certificación "por razones de interés nacional" si se cumplen "ciertos acuerdos".
El cambio de posición de Samper ante la propuesta de Medellín podría estar relacionado con esos acuerdos que Frechette no quiso comentar, opinaron algunos analistas.
Samper indicó que el debate sobre el restablecimiento de la extradición para narcotraficantes colombianos "no se debe hacer en términos ligeros" ni estar sometido al "forcejeo de protagonístas políticos", ni menos aún "supeditarlo a ninguna forma de presión internacional".
Frechette reconoció el miércoles la importancia del paso dado por el gobierno al presentar su solicitud al CPC, aunque observó que "sin retroactividad, la extradición no tiene sentido".
El embajador señaló que, como firmante de la Convención de Viena, Colombia está obligada a combatir el narcotráfico en todas sus modalidades y que la junta de control de narcóticos de la Organización de Naciones Unidas recomendó al gobierno de Samper restablecer la extradición de colombianos requeridos.
La retroactividad es uno de los puntos de mayor controversia en el debate que se inicia. Según algunos expertos, dotar de carácter retroactivo a la futura ley conduciría a la extradición de supuestos narcotraficantes requeridos por Estados Unidos y que no han sido procesados en Colombia. (FIN/IPS/yf/ff/ip/97
