DESARME: No todo está perdido en la lucha contra las minas

La Campaña Internacional para la Prohibición de Minas (ICBL) lanzada en 1991 se ha convertido en 1991, en una alianza de más 750 organizaciones no gubernamentales de 44 países que ostenta logros importantes.

Desde entonces, medio centenar de países prohibieron las exportaciones de minas antipersonales, 15 países comenzaron a destruir sus existencias, 30 prohibieron o suspendieron su uso y 20 anunciaron el abandono completo de la producción.

Pero la ICBL estima que aún quedan entre 80 y 110 millones de minas sembradas en 68 países. Estas armas se cobran una víctima cada 20 minutos, más de 26.000 al año, 90 por ciento de las cuales víctimas son civiles y al menos 20 por ciento, niños.

El costo promedio de cada mina es de entre tres y 30 dólares, lo que las convierte en una opción accesible y práctica para los ejércitos. Por cada uno de esos artefactos que se desactiva se diseminan otros 30. Sólo entre 1993 y 1994 fueron colocados en el mundo al menos cinco millones.

Una comisión especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Ginebra impulsó en diciembre del año pasado, por 156 votos a favor y 10 abstenciones, la promoción en la Asamblea General de una resolución enérgica hacia la prohibición total "tan pronto como sea posible".

Una conferencia internacional celebrada en Canadá en octubre de 1996 invitó a los estados allí reunidos a firmar un tratado en ese sentido a fines de este año, propuesta conocida como Iniciativa de Ottawa.

La desactivación y retiro de minas es una carga presupuestal abrumadora para las naciones más pobres del planeta, que deben apelar a la cooperación internacional. El costo de estas operaciones por cada unidad es de entre 300 y 1.000 dólares, según la ONU.

Alrededor de 250.000 personas sufren distinto grado de incapacidad debido a la explosión de minas, en su mayoría habitantes de países pobres. Los costos de asistencia médica y rehabilitación suman 750 millones de dólares.

Solo en el territorio de Angola, país que tiene una población de 10 millones de habitantes, permanecen entre ocho y 20 millones de minas sin desactivar.

En Camboya, uno de cada 236 habitantes es un discapacitado como consecuencia de la explosión de minas antipersonales.

Al ritmo actual de las operaciones de desactivación de minas se necesitarían más de 4.000 años para "limpiar" el territorio de Afganistán.

La Organización de Estados Americanos (OEA) estimó que en América Central permanecen 100.000 minas desplegadas, que se pretende desactivar antes del 2000 a un costo de siete millones de dólares.

Sin embargo, cada año se producen entre cinco y 10 millones de minas en todo el mundo.

La ICBL confía en que el proceso de Ottawa tendrá resultados más rápidos que las engorrosas negociaciones de la Conferencia sobre Desarme, foro de negociación con sede en Ginebra establecido por Naciones Unidas en el que participan 61 países.

Los avances en la Conferencia son lentos, pero firmes, debido a que las resoluciones son tomadas por consenso.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que respalda la Iniciativa de Ottawa, afirma que elegir la Conferencia como ámbito adecuado para debatir la desactivación y prohibición de minas "resta énfasis a la dimensión humanitaria" del problema y permite que se registren logros apenas "modestos".

El compromiso de Ottawa, que reclama la eliminación de todas las minas en apenas dos años, parece demasiado ambicioso para algunos países, entre ellos Estados Unidos, que, según distintas estimaciones, acumula 14 millones de esos artefactos en sus arsenales.

Pero el CICR afirma que "el nuevo tratado, para ser efectivo, debe prohibir la producción, acumulación, transferencia y uso de minas y requerir la destrucción" de esas armas.

La organización no gubernamental Human Rights Watch identificó 47 empresas de Estados Unidos que estuvieron involucradas en la fabricación de minas antipersonales y de sus componentes o su distribución.

A pesar de que Estados Unidos no es en la actualidad un país productor, Human Rights Watch reclamó que las empresas que participaron en el negocio declaren con todas las formalidades que renuncian a hacerlo en el futuro.

Diecisiete de esas 47, en una lista que encabeza Motorola, confirmaron su renuncia a la producción de minas. Otras 17 anunciaron que no lo harán, y las restantes 13 ni siquiera contestaron la petición.

Menos de la mitad de las empresas habían informado de sus actividades al Departamento de Defensa (Pentágono) de Estados Unidos, afirmó Human Rights watch en su último informe al respecto.

La industria estadounidense de minas solo fabrica componentes, y algunas empresas identificadas por la organización humanitaria dijeron haber sido incluidas de forma injusta en la lista.

Alliant Technosystems logró por esta actividad más de 336 millones de dólares entre 1985 y 1995, según Human Rights Watch. (FIN/IPS/tra-en/ns/rj/ip/97

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