Activistas estudian medidas de "acción directa no violenta" contra la venta de armas de Gran Bretaña a Indonesia, tras la negativa del poder judicial británico a considerar la prohibición de ese comercio.
"Utilizaremos todos los medios necesarios", dijo Will McMahon, del grupo Campaña contra el Comercio de Armas (CAAT, según sus siglas en inglés).
Intentos para bloquear el comercio de armas "que alimentan la represión en Indonesia y el genocidio en Timor Occidental" fracasaron en cortes británicas el mes pasado.
Ahora los activistas se vuelcan al opositor Partido Laborista, dispuesto a ganar las elecciones generales del 1 de mayo, para que presente legislación que "someta al gobierno a la ley".
El mes pasado, un juez de la Alta Corte se negó a revisar planes del gobierno de venta al régimen de Indonesia de 50 tanques livianos Scorpion, siete cañones acuáticos Tactica y más de 300 vehículos blindados.
La batalla legal de tres organizaciones no gubernamentales, el Movimiento por el Desarrollo Mundial (WDM), la campaña por los derechos humanos en Indonesia TAPOL y CAAT, fue considerada una prueba ante las elecciones generales que se celebrarán en Gran Bretaña e Indonesia el mes próximo.
Los activistas denuncian al gobierno de Gran Bretaña por ignorar sus propios principios de derechos humanos sobre exportación de armas al decidir venderlas a países como Indonesia.
Autoridades del departamento de comercio e industria de Gran Bretaña dijeron en una carta que, si bien el director del organismo, el viceprimer ministro Michael Heseltine, "seguirá de cerca los eventos en Indonesia, no se propone revocar las licencias" otorgadas.
Las tres ONG, alegando a favor de la revocación de las licencias, presentaron evidencias fotográficas de que equipos militares de fabricación británica son usados para la represión interna.
Además, presentaron un catálogo de inicidentes con equipos británicos, afirmando que el régimen de Indonesia aumentó las medidas de seguridad ante las próximas elecciones.
La señal internacional de la decisión judicial es que, "si se pretende comprar equipo militar para la represión interna, el lugar al cual acudir es el Reino Unido", dijo McMahon.
"Hemos instalado un comercio aquí. No resulta sorprendente que seamos abastecedores clave de ese tipo de gobiernos. No sólo es Indonesia, sino también Nigeria y varios regímenes de Medio Oriente", añadió.
Junto a la creciente venta de armas, en los últimos años Gran Bretaña se convirtió en escenario de fuertes campañas contra ese comercio. En 1991, WDM llevó al gobierno a la corte por un acuerdo de armas relacionado al criticado proyecto de la represa de Pergau en Malasia.
En enero de este año, el opositor Partido Laborista presentó un proyecto de ley para prohibir la ayuda oficial a proyectos que violen normas sociales, ambientales o de derechos humanos fijadas por el parlamento, o ligados de alguna forma a la venta de equipos militares.
El gobierno se opuso al proyecto, alegando que la legislación existente deja en claro que la principal razón para la ayuda debe ser el desarrollo.
Una investigación de la Oficina Nacional de Auditorías sobre la ayuda a Indonesia encontró dos instancias específicas de ayuda relacionadas a acuerdos de venta de armamento.
Los activistas acusan al régimen de Indonesia de utilizar equipos militares para ahogar protestas internas. En abril de 196, denuncian, vehículos blindados de traslado de efectivos fueron utilizados contra una demostración pacífica, en la que murieron tres estudiantes.
Cañones acuáticos británicos fueron utilizados para esparcir sustancias químicas contra estudiantes reunidos en Bandung en junio de 1996, y en una demostración pacífica en Jakarta, en julio, aseguran.
Tanques británicos Scorpion fueron parte de los equipos desplegados en Jakarta en febrero de 1997, en preparativos de seguridad para las elecciones del 29 de mayo en Indonesia.
El régimen indonesio también es acusado de volcar estos equipos contra activistas por la libertad de Timor Oriental.
Grupos de derechos humanos estiman que fuerzas de seguridad indonesias mataron a unas 200.000 personas en Timor Oriental, o un tercio de su población, desde 1975, cuando Indonesia invadió el territorio. (FIN/IPS/tra-en/dds/rj/lp/ip-hd/97
