Cercado por un muro que traba el camino para averiguar en Uruguay el destino de 32 desaparecidos durante la dictadura, el juez Alberto Reyes decidirá si investiga la posible sepultura de esas personas muertas bajo tortura.
Una denuncia del senador Rafael Michelini hizo emerger nuevamente un tema que pareció quedar en el pasado, luego que un plebiscito sancionó en 1989 una ley que puso fin a los juicios contra militares y policías acusados de violar los derechos humanos.
La denuncia, que fue presentada a Reyes a fines de marzo, se basó en el supuesto testimonio del general retirado Alberto Belestrino, que según Michelini le confesó que los desaparecidos fueron enterrados en dos unidades militares.
Al día siguiente de presentada la denuncia, el militar negó conocer esa situación, con lo cual puso el primer obstáculo en la pretensión del parlamentario del centroizquierdista partido Nuevo Espacio, cuyo padre, el ex senador Zelmar Michelini, fue secuestrado y asesinado en Argentina, el 20 de mayo de 1976.
El denunciante acepta la vigencia de la ley, pero reclama conocer el destino de los muertos y que sus familias tienen el derecho de conocer lo sucedido entre 1973 y 1985, cuando los militares ejercieron el poder en Uruguay.
Michelini también propone crar una Comisión por la Verdad, integrada por el representantes del gobierno, legisladores y militares.
Una norma de la ley de 1989 obliga al Poder Ejecutivo a investigar el destino de los desaparecidos, lo que no ha sucedido hasta ahora. La posibilidad de una investigación para averiguar el destino de los desaparecidos permanece latente, pero los obstáculos a una pretensión judicial continúan sumándose.
El primero fue una orden del comandante en jefe del Ejército, Raúl Mermot, para que todos los cuarteles le comunicaran de inmediato cualquier pretensión judicial de ingresar a los mismos.
Desde ese momento los militares mantuvieron un silencio que se rompió el día 14, día que recuerda un enfrentamiento en 1972 entre las Fuerzas Armadas y los guerrilleros Tupamaros, con muertos de ambos bandos, que originó la suspensión de garantías individuales y la jurisdicción militar para delitos políticos.
Al conmemorar el hecho, el general Nelson Rodriguez, presidente del Centro Militar llamó a cerrar filas ante "los temporales de descrédito".
El militar aludió a la denuncia de Michelini y a su convocatoria a conformar la Comisión por la Verdad como "un teatro político para conseguir votos".
En otro acto similar, en el Círculo Militar, el coronel León Pérez señaló que el replanteo del tema de los desaparecidos supone "sumir a Uruguay, año a año, en una problemática que no conduce a nada que no sea el enfrentamiento diario".
Pérez recordó que "está abierta la puerta" para averiguar el destino de los desaparecidos haciendo jugar el artículo de la ley que comete esa tarea al Poder Ejecutivo.
El Centro y el Círculo Militar son las dos instituciones sociales que nuclean a los militares retirados y en actividad.
El mismo día, al finalizar un acto oficial que recuerda los mismos hechos, el ministro del Interior, Didier Opertti, terminó por cerrar el muro. A su juicio, la conmemoración recuerda el concepto de que Uruguay "ya ha encontrado una reconciliación".
Recordó que el plebiscito de 1989 "zanjó de un modo ordenado, civilizaqdo, claro, constitucional", una solución al problema y señaló que otros países del continente que no lo hicieron "aún hoy siguen pagando los efectos de no haberlo hecho".
El analista Alfonso Lessa se pregunta, en un comentario bajo el título "Los fantasmas que no se van" publicado en el diario El Observador, se pregunta por qué se incluyó ese artículo en la ley si se sabía que no era posible cumplirlo.
"Si se deseaba investigar, se debía investigar a fondo para terminar con el tema, pero si esto se consideraba imposible no debió haberse incluido el artículo (…) suele ocurrir que los problemas, cuando no se solucionan claramente, se plantean una y otra vez hasta volverse recurrentes", argumentó Lessa. (FIN/IPS/rr/ag/ip-hd/97
