El juez penal de Uruguay Alberto Reyes decidió el martes 15 abrir una investigación sobre el destino de los desaparecidos en este país durante el régimen militar (1973- 1985).
La resolución de Reyes obvia una ley aprobada en 1986 y confirmada en un referendo en 1988 que puso punto final a las investigaciones sobre policías y militares acusados de violaciones contra los derechos humanos.
Pero la investigación no procurará individualizar a los responsables de homicidios bajo tortura, sino averiguar el destino de los cuerpos que "fueron inhumados clandestinamente en predios militares", como lo dijo el denunciante, el senador centroizquierdista Rafael Michelini.
Según Michelini, esos cuerpos fueron removidos de los lugares donde inicialmente fueron enterrados en el marco de una operación especial realizada por las fuerzas armadas.
La fiscal, Ana María Merello, que había pedido el archivo de la denuncia, tiene desde este martes cinco días hábiles para apelar la resolución del juez.
Si lo hace, la decisión sobre la investigación corresponderá a un tribunal de apelaciones que tendrá un plazo de 120 días para expedirse. (FIN/IPS/rr/mj/hd/97
